Confusión social estratégica

Hay quienes proponen que las empresas asuman la responsabilidad del cierre de brechas sociales, destinando un porcentaje mayor de sus utilidades para “garantizar la legitimidad territorial”. Sugieren que este aporte debería ser del 5% de las utilidades de la empresa; es decir, pretender instaurar un tributo encubierto para ser administrado directamente por las empresas, a manera de generosidad social en su respectiva zona de influencia.

La propuesta parece atractiva, sin embargo, deja de lado los roles que corresponden al Estado y al sector privado. Analicemos el costo social de esta proposición para el conjunto de la sociedad. Las empresas contribuyen a través del régimen general del Impuesto a la Renta, que asciende a 29.5%. En adición, las empresas extractivas –según su rubro– pagan otros impuestos, como regalías (mineras o gasíferas), Impuesto Extraordinario a la Minería, a la distribución de las utilidades y a la participación que le corresponde su planilla.

Este conjunto sobrepasa el 47% del total de la riqueza generada por las organizaciones empresariales. Y lo que resta, es distribuido entre los accionistas que arriesgan su capital en cada proyecto, como también en el desarrollo de nuevos proyectos. Es decir, reinvierten, generando oportunidades de empleo sostenible e impactando favorablemente, incluyendo a las poblaciones que habitan en las zonas de influencia.

¿Cuáles serían las consecuencias para el país de establecerse un porcentaje de 5% adicional? Que la tasa impositiva real superaría el 52%, más allá de que dichos puntos porcentuales sean administrados por las propias empresas, le restarían competitividad al país. Recientemente la petrolera Chevron anunció que evalúa dejar el consorcio para la exploración de los yacimientos ubicados en el norte para reorientar sus inversiones hacia países como Venezuela, que han decidido establecer condiciones más atractivas para la inversión. En consecuencia, el Perú seguirá manteniendo una riqueza petrolera en el subsuelo, pero con la expectativa de que en una o más generaciones podrá explotarla.

Asimismo, la propuesta de que sean las empresas las que asuman directamente el costo del cierre de las brechas sociales deja de lado el análisis de si el Estado está haciendo efectivamente un uso adecuado de los recursos generados por el sector privado. Tengamos presente que, al cierre del año fiscal 2025 la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales alcanzó en promedio 70%, lo que implica que 30 puntos porcentuales retornaron al tesoro público. Ante esta realidad ¿es razonable proponer que el sector privado extractivo destine un porcentaje mayor de sus utilidades?

Recordemos que la motivación del sector privado es la de maximizar la generación de recursos, por lo que mientras más eficiente sea en este proceso, el conjunto de la sociedad logra un mayor beneficio directo o indirecto. Una opción razonable es emplear el mecanismo de obras por impuestos, que combina el fortalecimiento de la función del estado con el reconocimiento de la acción empresarial en beneficio de la población.

A comienzos del siglo XX, surgió la propuesta denominada “responsabilidad social empresarial”, que logró gran acogida en el mundo académico y también empresarial. Quien se abstuvo de participar en el debate fue el Estado; en la práctica, sus autoridades manifestaron que si el sector privado quiere hacerse cargo del cierre de las brechas sociales que lo haga. El entusiasmo decayó cuando fueron conscientes que el mayor problema no era la falta de recursos en el sector público, sino la ineficiencia en la administración, el establecimiento de procesos engorrosos que dificultan la toma de decisiones e indirectamente terminan favoreciendo al fantasma de la corrupción.