El vacío estratégico que nadie quiere llenar

América Latina atraviesa una reconfiguración geopolítica que exige Estados capaces de pensar la seguridad más allá del ciclo electoral. Mientras potencias extra-regionales compiten por influencia en minería, energía e infraestructura crítica, y el crimen organizado transnacional se sofistica más rápido que las instituciones que deben contenerlo, buena parte de los países de la región sigue gestionando su seguridad nacional como si se tratara de un problema exclusivamente doméstico y coyuntural.

Perú no es la excepción. El próximo Gobierno hereda un aparato de seguridad e inteligencia que ha funcionado, durante la última década, como una sucesión de administraciones de emergencia: cada ministro entra a apagar la crisis del momento y sale antes de poder ejecutar una estrategia de mediano plazo. Esa lógica reactiva tiene un costo que rara vez se contabiliza: mientras el Estado peruano improvisa, otros actores —desde economías criminales hasta potencias con agendas de largo plazo en la región— sí planifican a diez y veinte años.

Los países que han logrado sostener políticas de seguridad coherentes en el tiempo comparten un rasgo institucional poco discutido en el debate peruano: separan la conducción política de corto plazo (los ministerios, sujetos al desgaste diario) de un núcleo de planeamiento estratégico que sobrevive a los cambios de gabinete. Washington lo resuelve con el Consejo de Seguridad Nacional; Londres, con su Consejero de Seguridad Nacional; y en América Latina, Brasil y Colombia han avanzado, con distintos grados de éxito, hacia arquitecturas similares. El común denominador no es el nombre del cargo, sino la función: alguien —o algún órgano— piensa la seguridad del país en horizontes que exceden el mandato de un ministro.

El Perú, en cambio, ha optado sistemáticamente por lo contrario. En diez años, el país ha tenido veinte ministros del Interior, veintiún ministros de Defensa y once jefes de la DINI. No es un problema de personas: es la consecuencia predecible de un diseño institucional que no protege la continuidad estratégica frente a la política de corto plazo. Y esa desprotección tiene consecuencias muy concretas para el ciudadano de a pie, que hoy identifica a la delincuencia, el sicariato y la extorsión como su principal preocupación, precisamente porque el Estado ha sido incapaz de sostener una respuesta más allá de un gobierno.

La solución no requiere una reforma constitucional ni una nueva burocracia costosa: exige la creación de un Consejero Presidencial —o un Consejo— de Seguridad e Inteligencia, un órgano de asesoría permanente que trabaje al margen del ciclo político, con la única misión de pensar, diseñar y evaluar estrategia, dejando la gestión operativa donde debe estar: en los ministerios. Es una figura barata, de bajo perfil mediático y alto rendimiento estratégico, exactamente el tipo de institucionalidad silenciosa que caracteriza a los Estados que han dejado de improvisar en materia de seguridad.

El gobierno de Keiko Fujimori tiene, en sus primeras semanas, una ventana breve para instalar este tipo de arquitectura antes de que la agenda diaria —como ha ocurrido siempre— se la coma. La pregunta no es si el Perú puede permitirse crear este espacio de pensamiento estratégico. Es si puede seguir permitiéndose no tenerlo.