Más importante que el voto es la fiabilidad de quien cuenta los votos

Las elecciones generales (presidente, senadores y diputados) realizadas el domingo 12 de abril en el Perú carecen de los mínimos elementos de legitimidad debido a las numerosas irregularidades ocurridas. Incluso si alguien cree aún en la ausencia de intención de fraude,  el proceso careció de las condiciones mínimas de seriedad e imparcialidad, pese a las apresuradas declaraciones en contrario del activismo socialista internacional con chaleco de observador.

Resulta racionalmente incomprensible que los partidos de derecha y centro no hayan activado oportunamente los mecanismos necesarios para reemplazar a tiempo la cúpula progresista que controla el Organismo Nacional de Procesos electorales (ONPE), que ya había dado muchas muestras de parcialidad a favor de la izquierda en las elecciones generales del 2021, que acabaron con el comunista Pedro Castillo jurando la Presidencia de la República.

Por razones de espacio solo voy a enumerar  la secuencia de indicios de fraude: mesas que no se instalaron o se instalaron horas después por fallas de la ONPE, generando ausentismo en distritos accesibles de Lima donde es más fuerte el voto conservador; severas deficiencias en la cadena de custodia del material electoral tras el voto; inexplicables demoras en el conteo del voto del extranjero, predominantemente conservador; resultados del conteo con un patrón matemático sospechosamente exacto; apertura de mesas al día siguiente, después de haberse conocido los sondeos a boca de urna; conteo priorizado de las plazas izquierdistas para generar pronta sensación de victoria del comunismo.

Concentrados en la elección presidencial, la mayoría de los peruanos no presta atención a las consecuencias de la maniobra de la ONPE en la composición del Senado (donde los izquierdistas solo necesita atraer dos senadores de los partidos pequeños) y la cámara de diputados (controlada por los partidos de izquierda).