El vacío de la reforma política

Hace un mes la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, presidida por el académico Fernando Tuesta, presentó al Ejecutivo un pliego de fórmulas para mejorar nuestro sistema político, tan desprestigiado por estos tiempos, en lo que respecta a su forma de gobierno, partidos y participación política.

El diagnóstico, para tal fin, parte de pensar al Perú en una severa crisis de representación política, y de actores informales en la vida política nacional que han profundizado esa crisis. En otras palabras, hemos podido apreciar que —desde la transición a la democracia— la proliferación de políticos ambiciosos (con franquicias políticas) ha predominado en la arena política peruana, contribuyendo al deterioro de la relación de confianza de la ciudadanía hacia los partidos. Esa situación resultó propicia para que la corrupción a gran escala sea el mecanismo de operación política —una vez en el gobierno— de obras públicas y campañas electorales.

Hasta ahí todo bien. Coincidimos con el diagnóstico. Otra coincidencia la podemos encontrar en algunas fórmulas presentadas para la solución. Por ejemplo, en lo que respecta a reducir los niveles de informalidad, cancelando la inscripción de partidos que no participen en elecciones legislativas, regionales y locales; así como la cancelación del llamado voto preferencial. Otro punto es en lo que respecta a la gobernabilidad y lucha contra la corrupción, en que no se permita contar con candidatos con sentencia condenatoria en primera instancia en el Poder Judicial.

Pero vayamos a las necesarias críticas. Estas parten de señalar que en el diálogo para la elaboración de estas propuestas no han estado presentes actores políticos pertinentes y académicos no afines al círculo de la Universidad Católica. ¿Por qué será? Otro punto, ya referido a las fórmulas sobre partidos y sistema de gobierno, se basa en la excesiva confianza a la elección de primarias abiertas, en las que participen ciudadanos que no formen parte de los partidos, para otorgarles legitimidad. Aquí apreciamos un grave error del “deber ser” por sobre el principio de la realidad.

Si bien esa práctica existe en EE.UU. no es la regla general en el mundo. Porque atendamos algo cierto, si aplicamos este mecanismo en el Perú: el político ambicioso, en la competencia interna —tanto de partidos tradicionales como nuevos— puede, con dinero, comprar los votos para su elección. Con ello se debilita el sentido deliberativo que todo partido político tiene. Mejor, ¿por qué no pensar en una fórmula más allá de las elecciones para el fortalecimiento partidario? Con el monitoreo, claro está, del Jurado Nacional de Elecciones para el tema de formación de cuadros políticos, bajo el principio de incentivos y castigos a la participación.  

La otra crítica se aplica a la elección legislativa en la segunda vuelta electoral. Si esto se llega a dar se estaría inclinando la balanza de la elección de parlamentarios hacia el partido ganador, generando los desequilibrios que venimos apreciando actualmente en nuestro sistema político. Es mejor mantener eso tal y como está. Finalmente, está es la fórmula de elección para un sistema bicameral. No todos los representantes deben someterse a elección popular (como sostiene la Comisión), debe existir elección indirecta para una parte de ellos.

Como alguna vez escuché a los politólogos Manuel Alcántara y Carlos Meléndez, el Perú debe buscar una solución creativa a sus problemas políticos, porque el Perú fue el único país en el que se ha pulverizado la relación de confianza entre políticos y ciudadanía.