El estado de los excluidos

El Estado –lo sabemos– es una construcción funcional y simbólica. Factual e instructiva a la vez. Cuya función es asegurar la provisión de servicios de salud, educación, justicia y seguridad. Y cómo no, un marco macroeconómico favorable para la inversión y la igualdad de oportunidades.

Y la utilidad o inutilidad de ese Estado es percibida o aprehendida precisamente a través de los símbolos que dicho Estado exporta: de su capacidad de ´decir´ dependerán su auctoritas y su misma potestas.

Y ocurre que un símbolo –para ser interiorizado– debe ser percibido por todos como predicativo, gratificante y económico. Lo dice cualquier manual de gobernanza. Predicativo: que diga, que funcione; gratificante: que satisfaga motivaciones; y económico: que el costo por aprehenderlo se vea justificado por el beneficio a obtener.

En los tiempos que corren –signados por una subversión integral: externa, integra y por la propia autosubversión gubernamental– con demasiada frecuencia vemos que los ciudadanos tratan ya de tomar en sus manos tareas que son inherentes al Estado. Allí donde la salud, la educación, la justicia o la seguridad no se encuentran, las personas hacen hasta lo indecible por procurarse estos servicios fundamentales para la convivencia civilizada.

Durante un buen tiempo hemos hablado del mundo de los excluidos y de los incluidos. De declaraciones de preocupación y pesar por ´los más´ e ineficientes políticas llamadas de izquierda ´buenista´ acechan a cada instante. Y por el lado de las llamadas derechas nos quedamos con la receta de que solo la inversión salvará al Perú.

En los últimos diez años hemos visto multiplicarse descomunalmente el presupuesto de la república, particularmente aquel destinado a los gastos fijos. Y no hemos visto mejoría alguna y proporcional en lo que a servicios estatales se refiere. Peor aún: estos se han envilecido.

Tal vez quien esté leyendo estas líneas no haya tenido que hacer colas en los colegios desde diciembre para matricular a sus hijos. Tal vez no haya tenido que ir de cita en cita en un hospital público en búsqueda de la salud inhallable. ¡Qué decir del fallo judicial esperado o del riesgo de muerte alimentado por la inseguridad ciudadana! Pero también están allí en espera los inversionistas grandes y pequeños. Los eternos trámites y las discrecionalidades. Finalmente, todos tratados por un Estado que nos concibe como excluidos.

De proseguir en este camino cada vez más los grupos sociales tratarán de asumir ´a cómo puedan´ las tareas a las que el Estado parece haber renunciado. Y algunos podrán hablar de Estado fallido. Quisiera pensar que algún político o grupo político entienda que el Estado es en función de todos o no lo es. Eso supone devolverles a los signos del Estado una óptima dimensión factual  y simbólica.