El derecho del pueblo a portar armas

Desde la creación de la república moderna se ha fomentado tanto la participación ciudadana como el cultivo de virtudes cívicas. Pero la falta de ciudadanos comprometidos con este sistema político ha hecho que algunos ciudadanos se vean en peligro ante las amenazas por parte de una minoría delincuencial. De aquí parte el deber de la población de pertenecer a las milicias armadas y proteger a la República.

Parte de estas herencias dejadas por el republicanismo han sido incorporadas a las constituciones de diversos países; como en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho del pueblo a poseer y portar armas. La enmienda estipula que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales de la Unión Americana puedan restringir el derecho a portar armas. Salvo que la Corte Suprema establezca lo contrario.

Las libertades individuales suelen ser cuestionadas por las ideologías estatistas y socialistas, que parten de un relato que considera al Estado como fuente de todas las soluciones para anular las tradiciones republicanas vigentes en todos los estados democráticos. Esa es la estrategia de la izquierda internacional en general, que en nuestra región está representada por las naciones autodenominadas “bolivarianas”. Es a través de esta política que se buscaría que en las naciones latinoamericanas limitar el acceso de la población a las armas.

En el Perú ya existe un proyecto de normativa para eliminar el derecho de la ciudadanía a ejercer la legítima defensa. En un momento en el que la delincuencia se expande sin control alguno, y de hacerse realidad ese proyecto, la criminalidad se extendería por todo el país, con civiles desarmados y delincuentes empoderados.

Además, ese proyecto pisotea los derechos constitucionales de cazadores y tiradores deportivos, precisamente una de las disciplinas en las que el Perú más ha destacado a nivel regional y mundial. También eliminaría el trabajo de los vigilantes y resguardos, y desprotegería a los policías. Y dejaría en una situación irregular a quiénes, por estar lejos de una delegación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad (Sucamec), no puedan renovar sus licencias para portar armas.

En ese proyecto además se pretende anular la presunción de inocencia, ya que bastará que alguien sea investigado por un delito doloso para que se niegue la obtención y renovación de las licencias de armamento. No serían necesarios argumentos sólidos que fundamenten la no renovación de la licencia de porte de armas. Y solo se permitiría el uso de las armas dentro de la vivienda, y quedaría prohibido su porte o movilización a un lugar distinto al autorizado. Tácitamente se anularía el porte de armas.

En un momento en que la delincuencia desborda al Estado y a los gobiernos subnacionales, a través de bandas organizadas que no respetan las vidas de los ciudadanos, limitar derecho del pueblo a portar armas solo empoderaría aún más a la delincuencia.