¿De qué gobernabilidad hablamos?

Es un hecho que en un importante sector de la población se ha incubado la idea de que una eventual vacancia presidencial afectaría la gobernabilidad del país. Que la tragedia del coronavirus, el naufragio económico y el desamparo social multiplicarían sus estragos si se desencadena ese resultado. Por esa razón, aunque rechazan la actuación de Vizcarra, se oponen a una salida de este tipo. 

Sin duda, estamos ante otra de las singularidades de la crisis presente. Enfrentamos a un impasse que podría paralizar la maquinaria estatal, debido a que las salidas alternas se bloquean mutuamente. Quizá el parlamento no reúna los votos necesarios para la vacancia presidencial, pero ello no impedirá que sigan apareciendo denuncias y cuestionamientos contra el jefe de Estado. Y entonces, ¿cómo quedaría la gobernabilidad anhelada?

Quienes defienden la permanencia de Vizcarra no responden a esta interrogante. Y es que toda gobernabilidad se nutre de la confianza que los gobernados tienen hacia un gobernante; el cual debe ser considerado legítimo político y socialmente, en primer lugar. Sin esta empatía básica, que justifica la obediencia política de los ciudadanos, no habrá gobernabilidad posible en ninguna comunidad. 

A medida que el telón se corre más, crecen los cuestionamientos contra el jefe de Estado. Y eso torna insostenible la estabilidad gubernamental, en cualquier sociedad. La gente tiende a idealizar a sus mandatarios, y las antiguas teorías sobre el origen divino de los reyes apuntaban a reforzar esa creencia social. Por lo tanto, si la percepción de que un gobernante no cuenta con la capacidad moral para ejercer el cargo crece y se amplía sin cesar, ingresamos a una crisis política total. Y entonces la gobernanza se convierte en tiranía a secas.

Pero no estamos solamente ante una cuestión de imaginario. En la medida en que se complique la situación legal del jefe de Estado, toda la preocupación del mandatario se focalizará en su situación judicial. No habrá espacio para pensar en los problemas del Perú. Obviamente, no tendrá tiempo ni ganas para cumplir sus obligaciones de estadista. 

En este contexto es evidente que si el presidente representa el vértice de poder que controla los recursos del Estado, tenderá crecientemente a favorecer a determinados candidatos para garantizar un respaldo político a su complicada situación en el futuro. En otras palabras, no solo está en juego la gobernabilidad, sino también el propio proceso electoral.