¿Confiarías tu pensión al Estado?

Este martes, la Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso de la República aprobó la creación de un Sistema Integrado Único de Pensiones (SIUP), en el que un organismo público se encargará de afiliar a los trabajadores, recaudar sus aportes y pagar pensiones, entre otros. Además de eso, el aporte que antes iba en la AFP a tu cuenta de capitalización individual (CIC), ahora se partirá en dos: una proporción se mantendrá como “propia” y la otra, servirá para “financiar las pensiones de todos”.

Todos estamos de acuerdo con la urgencia de la solidaridad con los que tienen menos. Pero pagar pensiones con el dinero de aportes ajenos, que son fruto del trabajo de millones de peruanos, deja en desprotección a todos los trabajadores dependientes de ingresos medianos y bajos que, a diferencia de un trabajador independiente de ingresos altos, sí ahorra todos los meses para su jubilación.

¿Y qué les decimos a los millones de afiliados que pudiendo elegir entre el Estado (la ONP) y la administración privada (AFP), optaron por confiar en la administración privada, porque son conscientes de que el Estado ya se quedó varias veces con el dinero de los aportes de los trabajadores (Fonavi, Instituto Peruano de Seguridad Social)? El proyecto ignora esta decisión de las personas y los obliga a que sea el Estado, vía una institución pública supuestamente autónoma, el que se encargue de sus pensiones futuras. 

Como decía Ramiro Prialé, dialogar no es pactar. Pero un buen político tiene el deber moral de pensar en cómo una ley afectará a todos y cada uno de los ciudadanos a los que dice representar. Y asimismo debe tener la humildad de conversar con los organismos técnicos para buscar lo mejor para el ciudadano de a pie. 

¿Qué es lo que necesitamos los peruanos? Mejores pensiones, menores comisiones, mayor competencia y, por supuesto, acceso de todos los peruanos a la cobertura de pensiones. Eso supone evitar la pobreza en la vejez, y esa es una tarea del Ejecutivo con nuestros impuestos. Y por otro lado, asegurar la calidad de vida en la jubilación, y eso depende de cuánto ahorremos y cuánto se rentabilice nuestro dinero.

En lugar de avanzar hacia una mayor inclusión de la población en la seguridad social, seguir bajando comisiones y reducir el riesgo regulatorio para permitir que más empresas vengan a competir en la afiliación, pretendemos hacer retroceder al país, forzando a que sea el Estado el que administre más de S/ 150,000 millones (22% del PBI) bajo criterios políticos, poniendo en riesgo la pensión de cerca de 7.5 millones de afiliados. Creo que la mayoría espera que su decisión sea respetada.