Camisea y el falso relato de la nacionalización

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, ha vuelto a plantear públicamente una vieja tesis de la izquierda: nuestros recursos naturales están en manos de empresas extranjeras y la riqueza sale del país; por tanto, el Estado debería recuperarlos mediante la nacionalización, la estatización o la expropiación. El problema de esta premisa está en que confunde quién explota un recurso con quién recibe la riqueza que este genera. Entre 2004 y 2025, Camisea generó más de S/ 70,000 millones en regalías e impuesto a la renta para el Estado, mientras S/ 42,300 millones fueron transferidos a los gobiernos regionales mediante canon y FOCAM. La discusión seria empieza precisamente después: ¿qué hacemos con esa riqueza una vez que llega al sector público?

Cusco ofrece la respuesta más contundente para desmontar la idea de que una empresa extranjera simplemente “se lleva nuestros recursos”. En más de veinte años la región ha recibido cerca de S/ 36,000 millones de canon gasífero. Gran parte de esa suma ha sido distribuida entre los municipios del área de influencia de Camisea: La Convención recibió S/ 15,000 millones y Megantoni S/ 2,000 millones desde 2016. Son recursos suficientes para producir una transformación profunda de la infraestructura y los servicios públicos de la región. Sin embargo, esta renta no ha venido acompañada de una capacidad institucional equivalente para convertirla en desarrollo. Persisten problemas de planificación, ejecución, corrupción, fiscalización y capacidades técnicas para convertir los recursos disponibles en proyectos de alto impacto.

Aquí aparece una de las mayores contradicciones de discursos como el de Zunini. Se denuncia permanentemente cuánto obtiene la empresa que explota el gas, pero se presta mucha menos atención a cuánto recibe el Estado y, sobre todo, a qué ocurre con esos recursos después. Camisea obliga entonces a cambiar la pregunta: si Cusco ha recibido miles de millones de soles provenientes del gas, ¿por qué esa riqueza no se ha traducido proporcionalmente en infraestructura, capital humano, servicios públicos y desarrollo productivo?

La distribución del canon demuestra que la renta llega efectivamente a gobiernos regionales y municipales mediante mecanismos establecidos por el Estado. El verdadero desafío consiste en construir instituciones capaces de administrar esos recursos con una lógica de desarrollo nacional y evitar que el canon termine convertido en una renta política local. La soberanía sobre los recursos carece de sentido si la renta obtenida termina diluyéndose sin generar bienestar y capacidad productiva.

Desde la Nueva Derecha Peruana la respuesta es clara. El Perú necesita inversión privada y extranjera, aprovechar sus recursos naturales y garantizar que la riqueza que estos generan se traduzca en beneficios concretos para los peruanos. Camisea demuestra que este modelo puede producir ingresos fiscales, canon, energía más competitiva y actividad económica. Defenderlo tampoco significa aceptar que el Perú deba permanecer eternamente como una economía primario-exportadora. Los recursos naturales constituyen una ventaja estratégica que puede financiar la transformación productiva del país. Destruir o estatizar una actividad que genera renta antes de haber construido las capacidades industriales necesarias sería una decisión totalmente irresponsable. 

Por eso, la industrialización peruana debe plantearse como una política prudente. La renta generada por actividades como Camisea debe contribuir a fortalecer la educación técnica, la formación de ingenieros, la infraestructura energética y logística, la investigación aplicada, la innovación, el financiamiento y el desarrollo de proveedores nacionales. A medida que esas capacidades crezcan, las empresas peruanas podrán participar progresivamente en cadenas de mayor valor agregado y competir en actividades industriales y tecnológicas más complejas.

Esa transición requiere tiempo, capital y conocimiento. Una expropiación puede cambiar al propietario de un activo, pero no produce automáticamente ninguna de esas capacidades. Una política industrial seria consiste en convertir progresivamente la riqueza generada por nuestros recursos en capital humano, tecnología, empresas nacionales e infraestructura productiva.

Así pues, el patriotismo económico debe medirse por nuestra capacidad para convertir los recursos del territorio en poder económico peruano. Camisea no debería presentarse como la prueba de que “nos están quitando el gas”, sino como la demostración de que el Perú posee una fuente extraordinaria de riqueza que todavía administra deficientemente. La tarea nacional consiste en fiscalizar correctamente las operaciones, reformar los gobiernos subnacionales, reducir la corrupción y orientar los recursos hacia las condiciones que permitan una economía industrializada.

La Nueva Derecha Peruana debe defender esa posición con claridad: inversión y soberanía, aprovechamiento de recursos e industrialización, capital privado e interés nacional. La verdadera soberanía económica llegará cuando la riqueza producida en el Perú se convierta, cada vez más, en capacidades productivas construidas por los propios peruanos.