García, ¿el político que detiene reelecciones?

Desde que Martín Vizcarra anunciara el referéndum y el Congreso, el Tribunal Constitucional y otras instituciones comenzaran a allanarse a los requerimientos de una mayoría —encabezada por el Ejecutivo— que pretendía linchar a la minoría “fujiaprista”, todo parecía cuesta arriba para la oposición. El Gobierno, los medios de comunicación tradicionales y los sectores de la izquierda —es decir, el establishment que gobernó con las administraciones de Toledo, Humala, PPK, Villarán y Vizcarra— parecía desarrollar un blitzkrieg que desorganizó a la mayoría legislativa y que pretendía controlar el Ministerio Público y otras instituciones. El motivo: reelegir a Vizcarra en el 2021, según el suscrito.

El puñal de esta estrategia evidentemente fue el control que IDL-Reporteros y las ONG anticapitalistas ejercen en sectores de la Fiscalía y el Poder Judicial. Violándose todos los principios constitucionales sobre la presunción de inocencia y las leyes del debido proceso se encarceló por 36 meses a Keiko Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular para que una “investigación preliminar” se convierta en acusación fiscal. ¡Increíble! Seguramente ensoberbecido por la ingenuidad fujimorista y la unanimidad mediática que —siguiendo principios goebbelianos— linchaba a la minoría, Gustavo Gorriti —hoy reconocido tristemente como el promotor de los juicios a la oposición— consideró que se podía hacer lo mismo con Alan García y el Apra. Terrible error de un oenegero que se envaneció a tal extremo que olvidó en dónde están los políticos.

La solicitud del asilo de García a Uruguay ha colocado a la defensiva, por primera vez, al establishment encabezado por Vizcarra. Hasta antes de la demanda de asilo, la oposición enfrentaba la ofensiva de una mayoría que había lanzado una guerra general para controlar las instituciones. La oposición se había atrincherado en una guerra de posiciones: preservar la unidad de la mayoría legislativa del Congreso y mantener la independencia del Ministerio Público.

Al margen de los resultados del referéndum, las oportunas encuestas de Ipsos y el rodillo mediático que seguirá demoliendo a la minoría “fujiaprista”, la situación ha cambiado radicalmente. Cualquier ataque contra la permanencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía confirmará que existe persecución política en el Perú. Y, conociendo la incuestionable trayectoria de Chávarry en el sistema de justicia, no nos cabe la menor duda de que es cuestión de horas o de días para que llegue el fin de los fiscales políticos y las estrellas judiciales de las encuestas.

Asimismo, el acto de García, un hecho de pura política, recordará a las bancadas del Congreso que los políticos democráticos no pueden someterse a una mayoría que busca linchar a una minoría (al margen de las leyes e instituciones), que no pueden abdicar ante la acción política de las encuestadoras, ni menos someterse a los medios tradicionales, que parecen dispuestos a quemar el último cartucho de credibilidad con el fin de evitar el déficit económico de la redacción.

¿Qué estamos planteando? Que la solicitud de asilo de García posibilitará una contraofensiva democrática institucional de la República que frenará el huracán de una mayoría intolerante que pretende arrasar con la Constitución y las instituciones. Si se presenta este escenario, los intentos reeleccionistas de Vizcarra terminarán muy rápidamente, y no sería nada extraño que los linchadores de ayer se vuelvan en contra de él (en cualquier caso, los escasos demócratas en el Perú también lo defenderemos de cualquier abuso). Ahora bien, si se detienen los intentos reeleccionistas de Vizcarra, García se habrá convertido en el político que ha detenido todos los intentos reeleccionistas de los últimos 20 años. Antes ya lo hizo con la llamada reelección conyugal de Ollanta y Nadine. Al César lo que es del César. Puro análisis, pues.