La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El escenario de este año no será igual al del 2013 y también será menor al del 2012.
La Defensoría del Pueblo reportó un acumulado de 212 conflictos sociales hasta febrero de este año, mientras que el pico más alto en esa materia - en promedio mensual - se registró en abril del 2013, con 229 conflictos. Tales cifras indican que hay un reflujo de la conflictividad social en el país, y que este cambio coincide con la proximidad de los comicios municipales y regionales.
En lo que val año, ningún conflicto ha derivado en una escalada de consecuencias mayores, es decir no han pasando del plano local al nacional. Las movilizaciones que se reportan son pequeñas. Por ejemplo, en Cajamarca se realizan protestas frecuentes contra del proyecto minero Conga, pero ninguna es masiva. En otras palabras, la pradera no arde en una magnitud que ponga en jaque a la gobernabilidad.
El país parece haber ingresado en los últimos meses en una especie de “tregua social” unilateral, declarada en los hechos por las organizaciones “ambientalistas” y “radicales” contrarias a la inversión privada, en razón de la cercanía de la campaña electoral.
El escenario de este año en materia de conflictos sociales no será igual al 2013, y mucho menos al convulsionado 2012. El esquema ha cambiado y las prioridades también; las fuerzas de los promotores de las protestas están concentradas ahora en reorganizar y reordenar los liderazgos y en tejer sus alianzas políticas locales, con miras a las elecciones.
En Cajamarca, Gregorio Santos, Marco Arana y Wilfredo Saavedra están enfrascados en cuidar sus frentes internos y afinar sus aparatos de activistas para la contienda de octubre. Lo mismo ocurre en otras partes del país donde hay conflictos sociales por proyectos mineros: No gastarán sus energías en frentes externos si primero no han mejorado su correlación de fuerzas interna.
Es evidente entonces que no es que la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). que dirige Vladimiro Huaroc, haya tenido éxito en su política de prevención, atención y resolución de conflictos, sino que es el afán de los caudillos regionales de hacerse de los presupuestos locales lo que han propiciado la tregua actual.
Un ejemplo es Bambamarca, la provincia donde está Conga. Allí hay una disputa abierta entre el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos (Patria Roja), con el líder antiminero local Edy Benavides, por la elección del candidato a la alcaldía provincial. No se sabe cómo acabará, si finalmente Benavides será el candidato del MAS (Movimiento de Afirmación Social) de Santos, o si será apartado debido a su pasado “nacionalista”.
En conclusión, estamos temporada de elecciones, y eso significa que para los promotores de las protestas ahora es mucho más gravitante organizarse en busca de votos, que ocuparse de la “lucha por el agua”, “la vida” o “contra el capitalismo expoliador”.
El gobierno tal vez debiera aprovechar este tiempo para a repensar su política de prevención y resolución de conflictos para el 2015, porque entonces sí que la necesitará mucho más.
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