Política de Estado contra la ola criminal que amenaza la seguridad nacional

El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso en que eleva las penas para los delitos de sicariato, extorsión, secuestro y, además, propone tipificar el delito de terrorismo urbano. Una primera mirada al proyecto permite comprender que, antes que una política de Estado integral para enfrentar la ola criminal que amenaza a la seguridad nacional, hay un cierto tufillo populista, una voluntad de tramitar la desesperación ciudadana que exige una reacción fuerte del Estado ante el desborde de la ola criminal que afecta a ricos y pobres, a grandes corporaciones, a bodegas, panaderías, transportistas y pequeños negocios.

La idea de tipificar el delito de terrorismo urbano no tiene ni pies ni cabeza porque la naturaleza del terrorismo no tiene nada que ver con su ubicación rural y urbana, más allá de los objetivos ideológicos que suele tener cualquier organización terrorista. El Incremento de las penas de los delitos arriba mencionados solo serán verdaderos saludos a la bandera si es que no organizamos una nueva política de Estado para enfrentar a la criminalidad. Vale recordar que, unos meses atrás, el populismo llevó a promulgar el Decreto Legislativo 1578 que establecía hasta 30 años de prisión para los delincuentes que reinciden en el robo de celulares. Luego de la mencionada norma el robo de los celulares continuó de aquí para allá.

Una de las primeras cosas a entender en el desborde de la ola criminal en el país es que este fenómeno ya no es solo un asunto de seguridad ciudadana, sino una verdadera amenaza a la seguridad nacional. En la práctica en muchas zonas de la capital, en muchas provincias y ciudades ha surgido “un orden controlado” por las economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, prostitución, trata de personas, tráfico de armas y de explosivos. Este orden crea zonas liberadas de la Constitución, del gobierno central, de los gobiernos subnacionales y corroe todo el tejido institucional nacional. De allí la urgencia de movilizar a todas las fuerzas de seguridad del Estado en el objetivo de contener la ola criminal: fuerzas armadas y policía nacional del Perú (PNP). En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo apunta en el sentido correcto cuando establece que, en las zonas declaradas de emergencia, los delitos de función de las fuerzas de seguridad serán juzgados en el fuero militar. 

En este contexto, vale señalar que una política de Estado en contra el desborde criminal en la sociedad implica coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad con las instituciones del sistema de justicia para evitar que se liberen delincuentes y se judicialicen a los efectivos de la PNP y las fuerzas armadas por el llamado “uso desproporcionado de la fuerza”. Si ese estado de cosas persiste se bloqueará la acción de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido se debe acelerar la nueva facultad de la PNP de desarrollar la investigación preliminar de los delitos para que los fiscales y jueces procesen y sentencien con extrema rapidez a los implicados. En la nueva investigación preliminar de la PNP podría estar la clave de una nueva relación entre la investigación, procesos, sentencias y celeridad. Una clave para enfrentar la sensación de impunidad en la sociedad.

Por otro lado, el Estado debe coordinar estrechamente con el sector privado que padece directamente los efectos desorganizadores de la ola criminal. El Estado gasta aproximadamente S/ 15,000 millones en asuntos de seguridad ciudadana y el sector privado una cantidad parecida. Una estrecha coordinación entre el Estado y el sector privado permitiría multiplicar la productividad del gasto total.

En este contexto, el Gobierno necesita repotenciar el equipamiento y las infraestructuras de las más de 1,300 comisarías del país, lanzar un plan de emergencia para recuperar centenas de patrulleros que no funcionan y relanzar las unidades especializadas de la PNP. Comisarías e inteligencia son las dos caras de una misma medalla en la lucha contra el crimen.

Y, finalmente, el Estado, el gobierno central y los municipios con sus centenas de serenazgos y efectivos, deben formar un solo puño, una sola convergencia, que convoque a toda la sociedad a desarrollar ojos y oídos en contra del crimen que se apodera de provincias y ciudades.

El Perú desarrolló una estrategia que sorprendió al mundo en la lucha contra el terrorismo de los años ochenta. Ahora debemos hacer lo mismo en contra de la ola criminal que amenaza a la seguridad nacional.