Paro a medias y fracaso de izquierdas en representar protesta

El paro de los transportistas en contra del desborde criminal de ayer fue una medida de fuerza a medias. En Lima la escasez de transporte en los conos de la ciudad, se puede decir, no paralizó la economía ni la producción capitalina, que representa el 40% del PBI. En las provincias del sur, sobre todo en Cusco y Puno, la paralización no se sintió. La explicación: es evidente que la población sureña todavía no recupera los ingresos familiares prepandemia por la recesión y la contracción en el turismo que causó la violencia pos golpe fallido de Pedro Castillo. En el norte del país sí hubo marchas y protestas; así como en el centro de Lima, por las inmediaciones del Congreso, hubo una importante concentración ciudadana. 

En síntesis, un paro a medias en contra del desborde de la ola criminal que afecta a la sociedad, a la ciudadanía, a pobres y ricos, a grandes empresas y pequeñas panaderías y bodegas.

Sin embargo, es necesario precisar que las fuerzas de izquierda y los movimientos antisistema pretendieron representar políticamente la protesta para conectar la crisis política y social con la estrategia del adelanto de elecciones y cierre del Legislativo. Más allá de reducidos grupos en algunas zonas mineras y estribillos del radicalismo en las movilizaciones de Lima, esta estrategia fracasó en todos los sentidos. La movilización ciudadana en contra del desborde criminal fue pacífica, expresando una legítima ira de la población frente a la crisis. 

Las corrientes progresistas, neocomunistas y comunistas, responsables de la persecución judicial y destrucción moral de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú –es decir, responsables también de la falta de una política de Estado en contra de la ola criminal–, pues, fracasaron en sus intenciones de manipular el legítimo sentimiento de protesta de la sociedad y la ciudadanía.

Lo que sí es evidente es que la sociedad, la ciudadanía y los empresarios –desde los grandes hasta los pequeños– están hartos de las bandas criminales que se organizan para extorsionar, para desarrollar secuestros y asesinar a través de redes de sicariato. Allí en donde el crimen organizado ha generado un orden del delito, una zona liberada de la Constitución y las leyes, la gente sale a protestar.

Registrado el fracaso de las izquierdas y de las fuerzas antisistema en su intento de llevar agua para sus molinos, los peruanos de buena voluntad debemos extraer el lado positivo de esta rabia de la sociedad. En ese sentido, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de organizar una política de Estado que permita la convergencia de las fuerzas estatales y las instituciones con la sociedad y el sector privado. Por ejemplo, en la actualidad, nuestra heroica Policía Nacional del Perú –groseramente maltratada por el progresismo cuando se pasaron 18 oficiales generales al retiro– está desarrollando una ofensiva impresionante en contra de las guaridas de las organizaciones criminales en Lima y, sobre todo, en las ciudades del norte. 

Se está procediendo a detener a estructuras completas del crimen para la extorsión. Sin embargo, si los fiscales y jueces no desarrollan celeridad en los procesos, y algunos de ellos liberan a delincuentes, ¿de qué vale el esfuerzo policial? Si algunos sectores del Ministerio Público se resisten a aplicar la ley que establece que la PNP desarrolla la investigación preliminar bajo dirección de los fiscales y judicializan a policías por “el uso excesivo de la fuerza contra los criminales”, ¿cómo vamos a detener el desborde delincuencial?

Si el Perú no se puede poner de acuerdo para desarrollar políticas estatales y proyectos nacionales, al menos debería existir una gran convergencia nacional para la implementación de una política de Estado que detenga el desborde criminal y en la defensa de la vida, la salud, la propiedad y la libertad de los peruanos. Fuerzas Armadas, PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, municipios y serenazgos deberían converger con los esfuerzos del sector privado y de toda la sociedad en detener el delito.

Por ejemplo, se estima que el Estado en todos sus niveles de gobierno gasta alrededor de S/ 15,000 millones en temas vinculados a la seguridad, en tanto que el sector privado gasta otro monto similar. Si hubiese una política de Estado que conduzca al Perú y la sociedad en la lucha contra el crimen, el gasto de los peruanos en seguridad ciudadana permitiría largamente equipar eficientemente a las más de 1,300 comisarías del país y recuperar decenas de patrulleros derribados por falta de mantenimiento.

El Perú ya venció a la hiperinflación, al Estado empresario y al terrorismo colectivista de Sendero Luminoso dejando enseñanzas para la región y el mundo. En ese sentido, tenemos la absoluta certeza de que lograremos detener el desborde criminal que nos afecta preservando el Estado de derecho.