Pacto nacional para la seguridad ciudadana

Solucionar el problema está en manos de toda la sociedad.                                                                                                   

De manera sorpresiva se conoció el cambio de tres nuevos ministros: Daniel Urresti por Walter Albán en el interior, Gonzalo Gutiérrez por Eda Rivas en Relaciones Exteriores, y José Gallardo Ku por Carlos Paredes en Transportes. De los tres relevos el de Interior estaba cantado, porque la inseguridad ciudadana ya se ha convertido en uno de los fracasos nacionalistas. El lunes mencionábamos (Evocaciones toledistas) que, según la última encuesta de CPI, a 34 meses de gobierno, la desaprobación del presidente Ollanta Humala llega a 75%, muy cerca del 82% de reprobación que sufría Alejando Toledo, y que empujó entonces al país a una crisis de gobernabilidad. ¿Podía pasar algo parecido con Humala, se especulaba?

El desborde nacional de la delincuencia, si bien es un asunto de recursos para comprar el 24 x 24 de los efectivos, de equipamiento, de aparatos de interceptación en las cárceles, y otros temas de recursos e infraestructuras, hoy se ha transformado en el problema social, económico y político del país, que – a nuestro entender- no tiene solución al margen de una movilización de la sociedad de abajo hacia arriba, que comprometa a los alcaldes distritales, provinciales y a las propias regiones. La semana pasada, el índice Global de la Paz del 2014, señalaba que la sociedad peruana destina el 7.5% del PBI a temas de seguridad. Es decir, el doble de lo que el Estado gasta en educación (El enorme costo de la inseguridad).

Sin pecar de alarmistas se puede afirmar que, en determinadas áreas del territorio, han surgido virtuales zonas liberadas de la autoridad del Estado, no solo por la violencia, los asesinatos que se reportan en el sur de Lima, San Juan de Lurigancho, y otros puntos de la capital, sino porque han emergido allí un “orden económico” controlado por el hampa. Todos sabemos, por ejemplo, que en Trujillo las bandas organizadas cobran millones de soles en cupos a los taxistas, a los negocios, a las empresas y otros actores del mercado. Cuando cobran sumas imposibles de pagar los empresarios, simplemente, cierran los negocios. Allí quizá resida una de las causas de la desaceleración económica. El problema crece de tal manera que los especialistas empiezan a sostener que la crisis de seguridad ciudadana comienza a parecerse al flagelo terrorista de los ochenta.

El gobierno tiene enorme responsabilidad en esta crisis. Ha dejado que el problema se desborde y no da, como se dice, pie en bola. Seis ministros del Interior y la gente continúa llenándose de ira y de temor. Pero todos deberíamos entender que la explosión delictiva no es una factura que debe pagar solo este gobierno, tiene que ver con que el Estado, las instituciones y la política no se han reformado para acompañar y correr junto al impresionante crecimiento económico de los últimos 25 años. Es decir, la prosperidad se ha multiplicado, pero los policías, fiscales y jueces no cumplen su labor.

¿Cómo enfrentar este flagelo? La respuesta cae como una fruta madura: mediante un acuerdo político nacional que movilice a todo el país de abajo hacia arriba para devolverle al Estado la autoridad sobre la sociedad. El Perú siempre ha sido un país que se detiene ante la proximidad de los abismos. Recordemos, por ejemplo, la voluntad nacional para derrotar al terrorismo. Todos los políticos democráticos gestaron un consenso y la sociedad se movilizó de abajo hacia arriba con las rondas y organizaciones populares.

Algo parecido se necesita hoy para encarar esta crisis. El gobierno ha dejado en claro que no puede con el problema, porque si bien es el principal responsable, las soluciones no solo están en Palacio, sino en los partidos, la sociedad, la democracia en general. Como se puede apreciar, el estilo democrático, el diálogo y el acuerdo, pueden ser fuentes de una enorme fuerza para imponga la autoridad en el país.