Nuestra precaria democracia

Urge una reforma sustancial del sistema político.                                                                                                                                                              

La corrupción enorme en los gobiernos regionales y el mercantilismo político en la actual campaña regional-municipal, son consecuencias de un problema grave que arrastramos desde hace décadas, que nadie quiere encarar con decisión y firmeza política: Nuestra débil y precaria institucionalidad política.

En 1990 se iniciaron las grandes reformas económicas que abrieron el camino que nos ha permitido, en solo dos décadas, reducir la pobreza de 57% a 23%, y multiplicar por cuatro nuestro PBI en los últimos 14 años (de $53,000 millones a $200,000 millones). Dichas reformas alcanzaron a las instituciones que tenían que ver con la economía (MEF, BCR, Sunat, etc), sin llegar a aquellas que sustentan nuestra precaria democracia. Se mantuvo el statu quo político.

Los reformadores de los 90’ se concentraron en la economía, sin entender que, en el largo plazo, ninguna economía de mercado llega a ser plenamente viable sin una institucionalidad democrática que la sostenga. Hoy estamos empezando a pagar el precio de aquella omisión.

Aquel error fue mantenido por los gobiernos que se instalaron en el poder a partir del 2000, aún cuando se logró el consenso en la necesidad de hacer reformas para fortalecer las instituciones democráticas, en particular el sistema de representación política y el sistema de partidos. Muy poco o casi nada se ha hecho al respecto.

El principal intento por modernizar políticamente al país en los 2000, la regionalización, ha sido tan defectuoso que hoy vemos las consecuencias: De los 25 presidentes regionales, dos están presos y uno prófugo, acusados de graves delitos, mientras que otros 19 son investigados por supuestos manejos ilícitos.

Más allá de aquel esfuerzo, nada se ha hecho por lograr que el ciudadano sienta que es un actor y no un mero espectador de la democracia. La ley de partidos políticos ha sido postergada ya nueve años, igual que los proyectos para crear el sistema de distritos electorales uninominales en vez del actual plurinominal, en el que los ciudadanos no tienen claro quién los representa en el Congreso y los congresistas tampoco saben a quién deben rendir cuentas.

La persistencia de esta situación, sumada a incontables y escandalosos casos de corrupción o inmoralidad protagonizados por representantes y autoridades locales o regionales elegidas en las urnas, han aumentado el descrédito de la política y los políticos, lo cual abona el terreno para que cualquier aventurero autoritario pueda acceder al poder cuestionando el sistema.

He aquí el problema: el Perú reformó sus estructuras económicas en los 90, pero mantuvo intacta una institucionalidad política que debilita la democracia y la hace presa fácil de sus enemigos, al alejarla del pueblo y limitarla de hecho al acto de votar cada cierto tiempo por algún político al que es casi imposible pedirle que rinda cuentas.

La crisis del sistema político es ya insostenible. Hay pocos partidos consolidados, y en cambio sobran grupos que se inscriben ante la autoridad electoral solo para alquilarse al mejor postor, como sería el caso del grupo Diálogo Vecinal, promotor de la reelección de Susana Villarán.

Pero preocupa sobre todo, que esos grupos se conviertan, además, en mascarones de proa de las organizaciones del narcotráfico que buscan infiltrarse en el Estado a través de la política, para encubrirse. La reforma del sistema político no puede esperar más por la salud y la viabilidad política de nuestro país.