La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Y los riesgos de un probable tsunami autoritario.
La detención de tres presidentes regionales, las investigaciones de la Contraloría y el Ministerio Público contra decenas de alcaldes y funcionarios, la propuesta de sanción de la Comisión de Ética del Congreso contra la nacionalista Cenaida Uribe, por 120 días, y los destapes periodísticos que revelan conductas y reuniones impropias de los fiscales supremos parecen indicarnos que, al margen de cualquier voluntad, se ha levantado una oleada moralizadora en el país.
Ante tal situación surge una legítima pregunta: ¿estamos ante una reacción natural del Estado o detrás de todo hay una estrategia con claros objetivos políticos? Antes de reflexionar sobre el tema vale precisar que nadie puede oponerse a semejante oleada moralizadora. La lucha contra la corrupción es asunto de principios porque aquella emponzoña la democracia y el desarrollo de los mercados. Sin embargo, en la medida en que la ola crezca, se podría transformar en un tsunami que irrumpa en las elecciones municipales y regionales que se aproximan, y en los siguientes comicios generales. De allí que la interrogante planteada vale para el análisis.
Ensayemos algunas respuestas pertinentes. Quizá la institucionalidad del Estado tiene reservas que, en medio de la crisis general de la política, las élites no perciben y, entonces, justo cuando contemplamos el abismo reaccionan y se desencadena esta lluvia de investigaciones y arrestos. Nuestras instituciones, pues, estarían más sanas de lo que parecen.
A lo mejor también el señor Carlos Ramos Heredia, flamante Fiscal de la Nación, ha ordenado cumplir la ley sin miramientos para despejar las dudas que se han creado por comportamientos anteriores en el caso Ancash. En este caso, la prensa independiente y el ojo atento de la opinión pública cumplirían un gigantesco papel para modificar el curso de las cosas. Una característica de las sociedades abiertas.
Sin embargo, podría haber otra explicación que todavía linda en lo especulativo: se trataría de una estrategia para polarizar a la sociedad entre “decencia versus corrupción”, con el objeto de, supuestamente, arrinconar a Luis Castañeda en las elecciones de Lima y legitimar socialmente la inhabilitación de Alan García en el Congreso. Si esta hipótesis se validara, entonces, estaría claro que el gobierno no ha encarpetado su agenda autoritaria y hasta el último minuto del partido intentaría jugar la candidatura de Nadine Heredia.
Cualquier observador percibe que Keiko Fujimori avanza con fuerza a protagonizar la segunda vuelta del 2016, pero cualquier analista con dos dedos de frente también sabe que el partido antifujimorista es el principal partido del Perú de los últimos lustros. Así ganó Ollanta Humala el 2011 y, con García inhabilitado, algunos esperan definir así el 2016. En un contexto de ese tipo, Nadine recuperaría viabilidad como alternativa para agrupar el anti Keiko. No sería nada extraño que Pedro Cateriano, y muchos otros vargallositas, terminen poniéndose la vincha nacionalista en el 2016 para enfrentar a la amenaza del “mismo infierno”.
Si existiese una mano negra que mece la cuna, estaríamos ante un grave error de apreciación. El “tsunami moralizador” no solo podría golpear a Castañeda, García y Keiko, sino que también ahogaría a la izquierda embarrada hasta el cuello con los latrocinios en Cajamarca, las acusaciones que el Apra reactiva contra la pareja presidencial, el culebrón de Toledo con el caso Ecoteva, Chehade, Uribe y otras perlas de un collar interminable.
El tsunami podría acabar con el elenco existente y, entonces, nuevamente el desencanto general con la política abriría las puertas de lo inesperado y, una vez más, la democracia peruana sería un barco a la deriva no obstante el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. A veces nadie sabe para quién trabaja o quizá valga más el malo conocido que lo “bueno”por conocer.
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