La frágil estabilidad y el paro de transportistas

Diversos gremios de buses, combis, custers, colectivos y mototaxis anuncian la convocatoria de un paro de 72 horas en Lima y Callao desde el jueves 10 de octubre, exigiendo al gobierno de Dina Boluarte medidas efectivas en contra del crimen organizado, no obstante que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana. Asimismo, solicitan la derogatoria de la Ley 32108, ley en contra del crimen organizado. La respuesta del gobierno apunta a señalar que el verdadero objetivo de esta protesta para el 10, 11 y 12 de octubre es crear una crisis de gobernabilidad, y que semejantes protestas se parecen la violencia que se desató luego de que Dina Boluarte jurara como Presidente.

Sin embargo, un paro exitoso de 72 horas en Lima afectaría más de 40% del PBI por tres días, y diversos sectores como servicios, turismo y negocios pequeños tendrían que parar de manera forzosa. Semejante estado de cosas, a nuestro entender, repercutiría en la gobernabilidad del país poniendo al Ejecutivo en una situación más complicada. Una situación que de por sí es grave, considerando los niveles de aprobación ciudadana del gobierno de Boluarte. Pero la demanda de derogar la ley del crimen organizado también pone los reflectores sobre el Congreso, la institución encargada de tramitar el pedido.

¿Qué representa este nuevo escenario? Es evidente que la ola criminal que amenaza a la seguridad nacional, la vigencia del Estado de derecho y de las instituciones se ha vuelto insostenible para toda la sociedad. En esta situación el Ejecutivo tiene una incuestionable responsabilidad por no desarrollar una política de Estado eficiente ni movilizar a todas las instituciones para contener el desborde criminal. Sin embargo, las oenegés que han instrumentalizado las instituciones del sistema de justicia y las izquierdas que persiguen y judicializan a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) también tienen que ver con la situación, no obstante que hoy pretenden encabezar el descontento. Asimismo, el argumento acerca de que las modificaciones a la ley del crimen organizado de algunas semanas atrás en el Legislativo explican el avance del crimen organizado no resisten el menor análisis.

Sin embargo, un paro exitoso de 72 horas, que afectaría la producción de cerca del 40% del PBI nacional en Lima y Callao, sí puede tener efectos en la gobernabilidad del país. Desde el incremento de la fragilidad del gobierno de Dina Boluarte hasta la necesidad de convocar a un gabinete de amplia base para avanzar hacia las elecciones del 2026.

En este contexto, imaginar un adelanto de elecciones a meses del 2025 podría significar profundizar el vacío de poder y la crisis institucional que se atraviesa en el Perú y, por lo tanto, el desarrollo de más tendencias a la anarquía que favorecen el avance de la ola criminal.

Es momento de que todos los sectores y peruanos de buena voluntad busquen espacios de convergencia ante el desarrollo de la crisis. Y el espacio natural de esos encuentros y acercamientos es la formulación de una nueva política de Estado para enfrentar la ola criminal. Una política que no sea política de facción, de gobierno o sector político, sino de un Estado que debe enfrentar una amenaza a la seguridad nacional para mantener y fortalecer el Estado de derecho frente al avance del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, la prostitución y los corredores y órdenes del crimen que se construyen en provincias y ciudades.

Sobre esa base, las ideas de una ampliación del gabinete con sectores de otras corrientes o de un gabinete de amplia base parecen ser los caminos para encontrar salidas. De lo contrario, la frágil estabilidad del Ejecutivo podría transformarse en crisis de gobernabilidad.