La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El Perú parece haberse convertido en un campo de batalla de ideas acerca de por dónde deben avanzar las reformas constitucionales y legales para perfeccionar el sistema político y el sistema de justicia. En este último terreno es donde se focalizan la mayoría de las posiciones encontradas. Por ejemplo, la Corte IDH se atrevió a tratarnos como una colonia, como un simple país bananero, cuando exigió al Congreso que se abstuviera de legislar sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad. En el Pacto de San José y en los demás tratados internacionales no existe un solo criterio para respaldar el despropósito de la Corte IDH. ¿Cómo entonces entender la posición de este organismo supranacional?
Algo parecido sucedió con el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que propone aumentar las facultades de control y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los fondos que reciben las oenegés. Alrededor de 16 sedes diplomáticas se pronunciaron en contra de la iniciativa, desarrollando una injerencia en asuntos internos pocas veces vista. La paradoja era que la mayoría de los países occidentales que se pronunciaban en contra tenía legislaciones similares a la que se proponía en el Congreso, incluso con penas más severas.
En los últimos días hemos visto una movilización inusual de oenegés internacionales que reclaman todo tipo de representación e invocan una autoridad moral académica autoproclamada en cuanto al cronograma de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica respectiva. Se sostiene, incluso, que en el tipo de elección de los miembros de la JNJ se juega el futuro de la institucionalidad.
Las guerras que el progresismo desarrolla en el Perú, pues, no se pueden entender sin la movilización de las corrientes del globalismo ideologizado. ¿Por qué el Perú se ha convertido en un centro de estas disputas? Podría haber varias razones. Sin embargo, la manera cómo las instituciones –que organizan el Estado de derecho en el Perú– enfrentaron el golpe de Pedro Castillo y la violencia del eje bolivariano podría explicar el fenómeno. Recordemos la movilización mundial de las izquierdas en defensa de Castillo.
En el Perú no se escenificaba el libreto del Allende andino sino el capítulo de un anti Allende acusado desde cargos de corrupción hasta de sedición. Luego las Fuerzas Armadas y la policía nacional del Perú (PNP) ejercieron el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública para enfrentar a las milicias que pretendían incendiar aeropuertos, el aparato público y el sector privado. La acción del Estado evitó el quiebre del Estado de derecho y la convocatoria de una constituyente, pero los violentistas dejaron un doloroso saldo de 60 peruanos muertos.
Ante esta situación todo el progresismo nacional e internacional se movilizó: había que castigar la osadía de los peruanos de defender su Estado de derecho utilizando la fuerza pública de acuerdo a los preceptos constitucionales. Y allí estamos.
El Perú, pues, parece haberse convertido en un “mal ejemplo” para los países emergentes en contra del globalismo ideologizado que, a través de diversas plataformas y oenegés, ha construido las narrativas sobre los Derechos Humanos, el capitalismo y el medio ambiente, los temas de género, la minería y la agroindustria, entre otros. Narrativas y relatos del progresismo que organizaron las políticas públicas en las últimas décadas en el país y, finalmente, terminaron con el encumbramiento en el poder de Castillo.
Si en el Perú se consolida el proceso institucional con una salida viable en el 2026 a favor de una opción republicana y promercado, nuestro país habrá recorrido un camino contrarrevolucionario que –al lado de Argentina y un Chile recuperado de las tragedias de la izquierda– marcará una hoja de ruta para todas las democracias latinoamericanas.
Y hay enormes posibilidades. La devastación que causó Castillo ha reducido considerablemente el margen de maniobra de las izquierdas.
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