Hubo paro, pero falta alternativa contra la ola criminal

No se puede negar la realidad, si se trata de encontrar salidas ante una grave crisis. Ayer en Lima el transporte público paró en contra del desborde criminal que afecta la vida, la propiedad y los negocios de los peruanos de toda condición. Es más, incluso, se podría afirmar que la paralización tuvo más eficacia no por la acción de los transportistas, sino porque áreas comerciales como Gamarra, los mercados Unicachi y otras zonas populares económicas se sumaron a la paralización.

Por otro lado, la intención de las izquierdas –progresistas, neocomunistas y comunistas– de convertir este paro en la antesala de un adelanto de elecciones, la caída de Dina Boluarte y el fin del actual Congreso, se convirtió en otro los delirios que suelen cultivar las izquierdas desde el desastre nacional de Pedro Castillo.

En este contexto, es incuestionable que la ciudadanía y los sectores populares están profundamente irritados con el desarrollo de las economías ilegales de la extorsión, el secuestro y cobro de cupos en general, que se territorializa y se convierte en una especie de orden paralelo del crimen y el delito. La irritación crece en amplitud en la medida que las estructuras organizadas de la extorsión establecen la pena de muerte a través del sicariato para quienes incumplen con el pago de los cupos. De alguna manera la sociedad en su conjunto, ricos y pobres, grandes empresas y bodegas, panaderías y negocios, parecen señalar que esta situación no puede continuar.

En ese sentido, es hora de convertir esta movilización popular contra el delito en una gran convergencia de toda la sociedad contra el crimen organizado. En primer lugar, es necesario entender que sin el respaldo total y abierto a nuestras fuerzas de seguridad –es decir, a las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP)– será imposible siquiera imaginar una lucha contra el crimen organizado. El Congreso, los partidos políticos de buena voluntad deben enfrentar la posición de las oenegés de DD.HH. que, supuestamente en defensa de esos derechos, han venido destruyendo y bloqueando la acción de nuestras fuerzas de seguridad en las últimas décadas. De allí que se debe aprobar todas las reformas legales necesarias para blindar y proteger a nuestros militares y policías que defienden el Estado de derecho y los derechos de los ciudadanos.

Los más de 300 militares y policías que defendieron el Estado de derecho frente al golpe fallido de Pedro Castillo no pueden seguir judicializados –algunos de ellos incluso con prisión preventiva– por la interpretación arbitraria e ideologizada de algunos magistrados debido a la negativa influencia de las oenegés de izquierda.

El Perú, entonces, debe respaldar sin reservas a sus policías y soldados para enfrentar la ola criminal. Sobre esa base, el Ejecutivo debe desarrollar una política de Estado que movilice a todas las instituciones y desarrolle una convergencia entre el sector privado y el aparato estatal. La PNP, las fuerzas armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios y los serenazgos deben formar una sola fuerza en contra de la amenaza criminal. ¿Qué se necesita hacer para que ciertos magistrados no detengan policías por un gaseoso y supuesto “uso desproporcionado de la fuerza” en enfrentamientos contra bandas criminales? Algo así no puede continuar.

Por otro lado, se sabe que el Ejecutivo gasta alrededor de S/15,000 millones en tareas de seguridad nacional, mientras que el sector privado consume una cantidad parecida. Una coordinación estrecha de objetivos entre el Estado y los privados permitiría reconstruir la infraestructura y los equipos de las más de 1,300 comisarías, multiplicar los patrulleros recuperados de la permanente falta de mantenimiento y, sobre todo, volver a relanzar las unidades especializadas de la PNP. La idea de Estado, sector privado, comisarías e inteligencia son las claves para pasar a otro momento en la lucha contra la ola criminal.

En cualquier caso, el paro de transportistas también puede ser leído como que la sociedad se levanta en contra de la ola criminal, critica al Ejecutivo por falta de una política estatal y se opone abiertamente al discurso de las oenegés de izquierda que destruyen la moral de nuestros soldados y policías.