La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Uno de los signos incuestionables de la inestabilidad política del Perú son las 12 constituciones que se han redactado a lo largo de la historia republicana, al lado de los periodos breves de estabilidad seguidos de golpes de Estado y cuartelazos. Sin embargo, otra de las instantáneas que refleja el fracaso de nuestro proyecto republicano es la ausencia de un sistema de partidos, a semejanza del Partido Republicano y del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y del Partido Laborista y del Partido Conservador en el Reino Unido.
La inestabilidad política y la erosión institucional que padece el Perú, pues, tiene en la ausencia de un sistema de partidos la otra cara de la medalla. La mayor expresión de esa tragedia es que, faltando meses para la elección nacional, los electores no saben por quién votar frente a la oferta de más de 30 candidaturas. Incluso es complicado identificar por dónde vienen las propuestas de la derecha y cuáles tienen apellido de izquierda. En medio de esta situación la informalidad de la sociedad y el desarrollo de las economías ilegales ha permitido la irrupción del financiamiento ilegal en la representación política del Estado, a través de los municipios, gobiernos regionales, gobierno central y el propio Congreso.
La crisis de representación actual, a nuestro entender, ha sido causada adrede. El progresismo nacional, en el afán de controlar el sistema democrático sin formar partidos y sin ganar elecciones, reeditó la estrategia antipartido del fujimorismo de los años noventa y la llevó hasta el paroxismo actual.
Por ejemplo, para empoderar al Estado, a las burocracias electorales en el control y el desarrollo de los partidos, se limitó el financiamiento del sector privado a los partidos. Incluso Martín Vizcarra convocó un referendo para consagrar esos límites. El resultado de esta estrategia: la irrupción de las economías ilegales en el financiamiento de los partidos.
Hoy, por ejemplo, la mayoría de los partidos antisistema están vinculados a estas economías ilegales, una situación que se percibe al primer golpe de vista en las provincias. Asimismo, se buscó la balcanización de la representación política del Estado de derecho, permitiendo la formación de movimientos regionales al margen de movimientos nacionales. Por otro lado, se promovió el llamado “criterio de conciencia” del parlamentario, de modo tal que los congresistas pueden abandonar la bancada con la que son elegidos y formar otra, tal como sucede hoy en el Legislativo. Y, finalmente, se redujo la valla de las firmas para promover el asalto de todo tipo de aventureros en el espacio público nacional.
Ante semejante situación proponemos una reforma en busca de una partidocracia moderna; es decir, de un gobierno de un sistema de partidos modernos estable y viable. ¿Un nuevo delirio público? De ninguna manera. Se debe aprobar el libre financiamiento del sector privado a los partidos políticos, siempre y cuando sean bancarizados y declarados ante la autoridad tributaria; tal como sucede en los Estados Unidos, la democracia más longeva de la modernidad.
Igualmente se debe aprobar que no existan partidos regionales sino únicamente nacionales, porque el Estado de derecho, el Perú, se basa en un sistema unitario y descentralizado. Por otro lado, se debe establecer que si un parlamentario abandona una bancada legislativa, en el acto pierde la curul y el partido lo reemplaza por otro militante, tal como sucede en cualquier democracia desarrollada. Y finalmente, el número de firmas para inscribir partidos debe elevarse hasta lo permitido con el objeto de disuadir a los “aventureros y emprendedores” de la política.
El Perú debe iniciar una reforma de la legislación electoral en busca de una nueva partidocracia porque, luego de más de dos siglos de democracia moderna, es evidente que, a pesar de las revoluciones industriales, tecnológicas, digitales y el surgimiento de una sociedad de redes, todavía no se ha inventado una forma alternativa a los partidos para organizar el poder democrático. La democracia, los sistemas republicanos, pues, son esencialmente partidocráticos. Cuando los partidos no deciden surgen todas las formas de expropiación de la soberanía ciudadana.
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