Agrorural, la compra de fertilizantes y la Constitución

La compra de fertilizantes que pretende desarrollar el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –Agrorural, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)– ha provocado cuestionamientos por compras que no garantizan transparencia y calidad. Además, a nuestro entender, el Ejecutivo utiliza la crisis de fertilizantes para pretender cambiar la política económica y desarrollar un programa populista en el agro.

Como todos sabemos el ex titular del Midagri, Óscar Zea, impulsó un Decreto de Urgencia que autorizaba al Munagri a adquirir fertilizantes nitrogenados (urea) por un monto cercano a los S/ 349 millones para ser distribuidos entre los minifundistas de hasta cinco hectáreas. De pronto, el Ejecutivo, sin la menor idea sobre qué hacer con la escasez de fertilizantes –se dijo incluso que había que volver a los fertilizantes naturales del guano de las islas– pasó a tener iniciativa y premura en la compra de fertilizantes.

Para entender la magnitud del problema: el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que solo autorizado por ley expresa, “el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Es evidente, pues, que el Gobierno no contó con una ley expresa para autorizar la compra de Agrorural y, de acuerdo a todos los constitucionalistas consultados, un decreto de urgencia no puede suspender la vigencia de los artículos de la Constitución.

¿Qué se debió hacer? Si el Ejecutivo pretendía establecer algún tipo de subsidio o programa de ayuda temporal debió convocar al sector privado para una licitación de emergencia. Sin embargo, se actuó de la manera como se procede en los países bolivarianos: una dependencia del Estado sin controles, compra para regalar a los necesitados y buscar apoyo circunstancial. Es decir, amplias posibilidades de corrupción y populismo, las dos caras de una triste moneda.

¿Por qué nos interesa resaltar esta violación del régimen económico de la Constitución? Si el Congreso y la oposición en general dejan pasar el intento del Ejecutivo de erigirse en “interventor a favor de los pobres” mediante un decreto de urgencia, de una u otra manera habrá regresado el Estado empresario que tanta devastación causó en las décadas de los setenta y los ochenta en el Perú.

Imaginemos que con el desarrollo de la crisis económica del planeta –sobre todo por la invasión de Rusia a Ucrania– comiencen a faltar diversos productos; como el trigo, por ejemplo. Y ante semejante situación el Ejecutivo decide nuevamente incursionar en la actividad empresarial del Estado a través de un decreto de urgencia.

Aquí no negamos la importancia del papel del Estado en este tipo de emergencias, pero las cosas tienen que ser hechas de acuerdo a la Constitución y la ley y los controles políticos sobre los recursos del Estado. 

Al respecto vale señalar que el llamado estado-empresario fue el eje del modelo económico que, durante los setenta y los ochenta del siglo pasado, empobreció a más del 60% de la población, desató una de las hiperinflaciones más feroces de la historia y hundió las reservas internacionales del país en menos US$ 100 millones. El Perú llegó a tener alrededor de 200 empresas estatales que consumían todos escasos recursos –casi no existía sector privado– del fisco en una planilla de amigos de los gobiernos. Nuestra sociedad casi se desintegra en la crisis económica y la violencia terrorista que desató el colectivismo senderista.

Ahora que existe una administración nacional que busca el regreso del Estado empresario, los controles de precios y el proteccionismo, a través de la constituyente, es necesario alertar sobre los peligros detrás de la autorización a Agrorural a comprar fertilizantes, sin respetar el marco establecido por la Constitución y la ley.