Universidad: saldo negativo de la ley

Intervencionismo y sesgos de la Ley Universitaria causan estragos

La universidad peruana, en particular la universidad pública, vive hoy días de incertidumbre debido a que Ley Universitaria aprobada hace un año por el gobierno nacionalista se encuentra impugnada en instancias jurisdiccionales y es resistida y cuestionada por un amplio sector de la comunidad educativa. ¿Se puede sostener así que hay una reforma universitaria en curso?

La ley enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad pendientes en el Tribunal Constitucional, así como una sentencia judicial que la declara inaplicable por ser contraria a la Constitución. El TC dejó al voto dos de esas demandas en enero y febrero pasado, y su presidente, Óscar Urviola, dijo hace poco que la sentencia se conocería el 15 de agosto, pero al parecer el drama se prolongará por un tiempo más.

Las demandas en el TC han sido planteadas por un grupo de congresistas de oposición, un núcleo de ciudadanos que recolectó más de ocho mil firmas, el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Abogados del Cono Norte. El fallo que declara inaplicable la ley fue dictado por el 2do Juzgado Civil de Ica y dispone además restablecer la vigencia de la Asamblea Nacional de Rectores y del CONAFU.

En El Montonero advertimos que en democracia no se puede imponer una ley desde arriba, contra la voluntad de la sociedad. Esto es lo que explicaría las demandas y también la rebeldía de las universidades que, al igual que la histórica Mayor de San Marcos, se resisten a la norma.

El principal argumento contra la ley es contundente: viola la autonomía universitaria. Desde la dictadura militar velasquista ningún gobierno se había atrevido a pasar por encima de la autonomía, ni siquiera cuando el terrorismo infiltró a las universidades públicas.

La ley cuestionada dice que la autonomía es una garantía primordial, sin embargo su artículo 17 establece que la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) es una entidad adscrita al Ministerio de Educación y su máxima autoridad es designada por tal.

El sesgo intervencionista también se expresa en su artículo 66, que desconoce la legitimidad de los rectores de las universidades públicas y dispone su cese y la elección de nuevas autoridades. Este alcance ha desatado el caos en esas universidades, en las que grupos organizados están cuestionando la autoridad de los rectores, directores y decanos, en la perspectiva de hacerse ellos de esos cargos.

El otro sesgo negativo es el que discrimina a la inversión privada en la educación superior y privilegia un modelo de universidad particular que se resiste a competir con las nuevas universidades de excelencia que ofrecen educación de buena calidad con pensiones más bajas. Esta discriminación pretende ser justificada con el argumento falso de que hay universidades malas porque se permite que haya instituciones educativas superiores con fines de lucro.

Pero una de las consecuencias más nocivas de la ley es el intento de desmontar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (Sineace) y todo lo avanzado en 12 años de construcción de un modelo de acreditación que ha logrado lo más difícil: generar cultura y mística de calidad en las universidades y escuelas.

Lamentablemente, el futuro incierto de la Ley Universitaria y el empeño del gobierno de liquidar el Sineace han paralizado los procesos de evaluación y acreditación que estaban en curso en ese organismo. A nivel universitario están congelados unos 600 procesos para acreditar carreras, y a nivel de Educación Básica todo se ha parado para que la acreditación pase a manos del Ministerio de Educación.

El malestar en las universidades afectadas por la parálisis es grande porque han invertido cuantiosos recursos en mejorar su infraestructura y en adecuarse al modelo. Se calcula que entre todas -públicas y privadas- han invertido unos 6,000 millones de soles para conseguir su acreditación de calidad.

Dicho monto ha sido invertido en construir y equipar laboratorios, bibliotecas, salas de lectura, salas de profesores, en contratar docentes a tiempo completo, implementar Oficinas de Acreditación y Comités de Acreditación por Carrera, capacitar a docentes en gestión de calidad, adoptar los nuevos estándares de calidad, etc.

En suma, la Ley Universitaria no ha aportado nada positivo hasta hoy en favor de la universidad peruana. Al contrario la ha sumido en la incertidumbre.