Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
Desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, todos los actos del Ejecutivo dentro del sector Educación son absolutamente coherentes con el objetivo de cancelar la Ley de Carrera Pública Magisterial. Empezando por el nombramiento de dirigentes del Fenatep en la cúspide del Ministerio de Educación (Minedu), lo que incluyó hasta a sus primeros titulares: el hoy exministro Carlos Gallardo y el viceministro Roy Palacios. Como sabemos. el Fenatep es la facción sindical a la que pertenece el propio Pedro Castillo, maestro y dirigente gremial, que siempre se ha opuesto a las evaluaciones que el Minedu hace periódicamente a los maestros (como parte de la Carrera Pública Magisterial). Gallardo, apenas asumió el cargo de ministros manifestó claramente su rechazo a esas necesarias evaluaciones: “Solo sirven para mantener a los maestros intimidados”, argumentó entonces.
Desde entonces, el Ejecutivo se ha opuesto abiertamente a la Ley de Carrera Pública Magisterial (Ley N° 29944) –una política de Estado de más de una década– que promueve el nombramiento y la promoción de los docentes en base a los méritos y las calificaciones académicas. Una ley que pone por delante el objetivo de que los niños pobres de las escuelas públicas reciban la mejor educación. Todos recordamos el escándalo que se produjo en noviembre del año pasado, cuando horas antes de que alrededor de 300,000 docentes rindieran la Prueba Única Nacional para el concurso docente del 2021, se filtraron las respuestas de ese examen. Diversos medios mostraron documentos enviados a muchos docentes en los que se absolvían las preguntas de razonamiento verbal y de razonamiento matemático. Finalmente, esa filtración fue reconocida por las autoridades, se anuló la prueba y también todo el proceso de evaluaciones del 2021.
Desde entonces quedó claro que la prioridad para el Minedu durante el Gobierno de Pedro Castillo no son los estudiantes de las escuelas públicas (los peruanos más pobres, a los que dice querer beneficiar este Gobierno) ni la calidad de la educación que se les brinda, sino los propios profesores. Lo dijo expresamente el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, hace algunas semanas: “Todas las normas sobre nombramiento docente, reasignación, encargaturas de directivos, ascensos en la escala magisterial, entre otros procesos que desarrolla el Minedu, tienen el objetivo de recuperar los derechos ganados de los maestros”.
El otro gran objetivo del Gobierno de Castillo en el sector Educación es otorgarle el control de la Derrama Magisterial al Fenatep, para lo cual ya hasta emitió un decreto legislativo que ha sido observado por el Congreso. Como se sabe, la Derrama Magisterial es una institución de seguridad social privada, perteneciente a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado. La Derrama es muy exitosa económicamente, y por eso Fenatep, a pesar de reunir solo a una minoría de profesores –la mayoría está afiliada al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP)– aspira a hacerse de ese botín.
Mientras tanto, ha habido otros cambios sustanciales. Hace un par de meses el ministro Serna anunció que más de 300,000 docentes de todo el país se habían inscrito para participar en el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022, que determinará los cuadros de mérito para la contratación docente 2023-2024. La novedad es que ya los exámenes tendrán mucho menos importancia, porque además “se hará entrevistas personales a cada docente… que será evaluado en la conducción de una actividad de aprendizaje y se valorará su trayectoria profesional. Estos dos últimos instrumentos tendrán mayor peso en la calificación”, según palabras del propio ministro. Es decir, los malos profesores, con una larga pero pésima trayectoria profesional, seguirán perjudicando a los jóvenes cuya única esperanza para salir de la pobreza es precisamente tener una buena y sólida educación.
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