¡Meritocracia educativa en peligro!

El pleno del Congreso acaba de aprobar el Proyecto de Ley 1587 que autoriza el nombramiento extraordinario de docentes contratados en la educación básica. Con esta medida vuela por los aires la ley de Carrera Pública Magisterial porque se nombrará a los profesores que tengan más de tres años de servicio en calidad de contratados. A nuestro entender, el Ejecutivo debería observar esta norma, sobre todo luego de que los peruanos experimentamos el intento del Gobierno de Pedro Castillo de destruir la meritocracia en la educación con el nombramiento indiscriminado de maestros, al margen de méritos e idoneidad.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep), en la práctica, pasó a cogobernar la gestión en el Ministerio de Educación (Minedu) alrededor de un objetivo central: el fin de la carrera pública magisterial y el nombramiento indiscriminado de los maestros. Considerando este antecedente, ¿qué ha llevado al actual Congreso a aprobar una ley que destruye la Carrera Pública Magisterial? Es evidente que el populismo, la búsqueda fácil de popularidad, comienza a imponerse en el hemiciclo legislativo. Sin embargo, esta conducta parece difícil de entender en las bancadas que resistieron al Gobierno de Castillo y evitaron la convocatoria de una constituyente.

Como todos sabemos en la educación básica existen casi 8.5 millones de escolares, mientras que en la educación privada suman más de tres millones de alumnos. Sin embargo, los niños de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad asisten a escuelas públicas. De allí la enorme importancia de defender la reforma meritocrática de la Carrera Pública Magisterial, que se ha implementado durante más de tres gobiernos, no obstante las intenciones del gobierno de Castillo de destruir el proceso. Si la reforma se mantiene solo se explica por la oposición y resistencia de la sociedad a la ofensiva del Fenatep.

Considerando que las familias que envían sus niños a escuelas privadas tienen la posibilidad de controlar y vigilar la calidad del proceso educativo (de lo contrario los alumnos se retirarían), la escuela pública –en la medida que atiende a los sectores desfavorecidos– debería convertirse en una herramienta fundamental de redistribución social de oportunidades para las nuevas generaciones. 

¿Qué significa semejante afirmación? Que el colegio público debería otorgar una educación de calidad y cortar los ciclos de pobreza –a través de una nueva generación– mediante una educación de calidad. La única manera de avanzar hacia este objetivo es garantizando que los docentes sean nombrados y promovidos mediante concursos públicos, que califiquen los méritos y la idoneidad de los maestros. 

Ante la disyuntiva de la estabilidad laboral de los maestros contratados o el futuro de los niños pobres que deben cortar los ciclos de pobreza mediante una buena educación, la sociedad, el Perú, el Ejecutivo y el Congreso no deberían tener la menor duda: el futuro de los niños pobres.

En la actualidad, de un total de más de 370,000 docentes a nivel nacional, más del 55% ya pertenece a la carrera pública magisterial. De allí que la decisión del Congreso de promover el nombramiento de los contratados es muy grave, porque no solo entrarán como nombrados docentes sin calidad garantizada, sino que se cuestionará el esfuerzo de más de 160,000 docentes que estudiaron, se prepararon para ser nombrados y promovidos y, por supuesto, para ganar más de acuerdo a sus calificaciones.

Sin lugar a duda, el Ejecutivo debería observar la norma populista y demagógica aprobada en el Legislativo.