La Sunedu: campeona en sobrerregulación

Se pretende ahogar a claustros con infinidad de trámites

La nueva administración PPK se ha propuesto formalizar el país, y una de sus principales políticas anunciadas es la simplificación de procedimientos y la eliminación de trámites innecesarios. En el Perú si al burócrata se le entrega excesivo poder, sobre la marcha surge una floresta de sobrerregulaciones. Es el caso incuestionable de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que, en vez de reglamentar la nueva ley universitaria, ha aprobado un reglamento de infracciones y emite trámites a diestra y siniestra. Es decir, guachimán de trámites en vez de promotor de la calidad académica.

Por ejemplo, la Sunedu está exigiendo a universidades asociativas y privadas que tienen entre sesenta y veinte años de existencia un nuevo licenciamiento. El efecto inmediato es que todo este engorroso proceso ha paralizado los procesos de acreditación que impulsan estos claustros. No puede haber acreditación si no hay licenciamiento, no obstante que se han invertido varios años y dinero en estos procesos. Al respecto, Estados Unidos representa un buen ejemplo alternativo, pues tiene uno de los mejores sistemas universitarios del mundo. Allí se obtiene la licencia y la acreditación a la vez. En el Perú son dos procesos distintos, largos y complicados.

Pero eso no es todo. En el Perú se pretende entregar una licencia universitaria solo por seis años. Podría darse el caso de que un claustro, luego de haber conseguido su licenciamiento, logre acreditarse con las mejores acreditadoras del planeta; pero obligatoriamente tendría que arrodillarse ante el burócrata de la Sunedu seis años después de vencida la licencia. En el Ministerio de Educación no se dan cuenta de que se está entregando demasiado poder al burócrata de turno para violentar, a su regalado gusto, la autonomía universitaria. ¿No sería una perita en dulce para un gobierno autoritario?

A entender de este portal semejantes sobrerregulaciones, en realidad, tienen que ver con la voluntad de excluir a la inversión privada del proceso de reforma de la educación superior. No importa que alguna universidades privadas y de reconocida excelencia —como la UPC, San Ignacio de Loyola, Científica del Sur y Continental— consigan las mejores acreditaciones nacionales e internacionales, siempre tendrán que pasar por el visto bueno del burócrata, que pretende excluir a los privados de la reforma universitaria.

Otra de las barbaridades inaceptables de la Sunedu —como ya lo hemos informado en este portal— tiene que ver con el reconocimiento de los grados y títulos. Por ejemplo, una maestría de Harvard o de Cornell pueden valer menos que una otorgada por la Universidad Garcilaso o la César Vallejo, porque los requisitos establecidos por los burócratas de la Sunedu así lo establecen. A ese extremo están llegando las sobrerregulaciones. Y si hay un decano de Harvard, pues, hay que sacarlo del cargo hasta que desarrolle toda la tramitología del reconocimiento de su grado, que lo llevan de consulado en consulado. ¿Qué economista, abogado o científico calificados en el mercado gustarían de permanecer de trámite en trámite? No hay manera.

A nuestro entender, el Congreso de la República tiene una enorme responsabilidad en iniciar un debate de cara al país, para aclarar la tan mentada reforma de la universidad —y también de la educación en general— con objeto de detener la desinstitucionalización de la universidad peruana que se está desarrollando con el bosque de sobrerregulaciones de la Sunedu. En todo caso, siempre insistiremos en que la reforma educativa en una sociedad abierta debe tolerar todas los modelos de colegios, institutos y universidades, para que los consumidores (padres de familia y estudiantes) adquieran poder y promuevan la calidad académica. La izquierda, por el contrario, quiere la homogeneidad estatal.