La educación mundial avanza a la digitalización, pero la SUNEDU duda

La mayoría de los países del planeta se organizan para enfrentar las transformaciones económicas y sociales que desatará la IV Revolución Industrial, sobre todo las vinculadas a la digitalización de la economía y de la sociedad. En ese contexto, los países desarrollados y los emergentes que progresan reforman sus sistemas educativos con un solo objetivo: calificar a los estudiantes, a la futura fuerza de trabajo, en todos los asuntos digitales y las consecuencias de la IV Revolución Industrial. Las palabras reforma educativa y digitalización casi se convierten en sinónimos.

De allí que la formación universitaria online sea parte de uno de los objetivos de estas transformaciones. Es incuestionable que algunas carreras como la medicina, las ciencias de la salud y las físicas y químicas tradicionales, requieren un nivel básico de presencialidad. Es indudable. Sin embargo, sobre todo luego de la pandemia, la mayoría de la formación profesional universitaria tiende a la digitalización. De lo contrario, en la llamada IV Revolución Industrial, en la llamada sociedad del conocimiento, las universidades se relegarían hasta desaparecer frente al flujo de información, los procesos formativos e, incluso, de investigación, que suelen desatarse en la digitalización.

En este contexto, la universidad del futuro tiene que afrontar la digitalización para seguir organizando las jerarquías, académicas y científicas que deben existir en el universo caótico, explosivo, pero también innovador y constructivo, que rigen las redes y en el universo digital.

Por todas estas consideraciones, es absolutamente incompresible la disposición 033 de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que establece que la educación online en las carreras de pregrado solo puede tener un 80% de virtualidad y un 20% de presencialidad. La idea de que una quinta parte de la malla curricular se ejerza de manera presencial en pregrado, de una u otra manera, revela un prejuicio infundado en contra la educación digital. Creemos que estamos ante un grave error.

En la universidad peruana y en las carreras académicas debería existir absoluta libertad para digitalizar al 100% la malla curricular. Como parte de esa libertad muchas universidades, sobre todo las nacionales, seguramente mantendrán la presencialidad, más allá de que las tendencias en maestrías y doctorados sea a la digitalización. Los resultados y logros académicos en el curso del tiempo y la decisión de los consumidores (en este caso, alumnos y padres de familia) definirán la dialéctica entre presencialidad y digitalización. Pero lo que no se puede hacer es poner un freno de mano a la digitalización –como lo establece la disposición 033 de la Sunedu– en momentos que la educación mundial avanza crecientemente hacia la educación online. 

Por otro lado, la señalada disposición vulnera el papel rector del Ministerio de Educación (Minedu) y de otras entidades del Estado. Por ejemplo, la Política Nacional Técnico Productiva del Minedu señala que se debe llegar a una cobertura del 50% en educación superior al 2030. Hoy estamos en 33%. ¿Cómo se llega a esa meta limitando a la digitalización educativa? Asimismo, el Proyecto Educativo Nacional –una guía en las políticas de Estado– establece la digitalización y virtualización de la oferta educativa.

El otro aspecto extremadamente negativo de la disposición 033 es que es absolutamente excluyente de los sectores con menores recursos de la sociedad que buscan ingresar a la educación superior. Diversos estudios señalan que solo tres de cada 10 estudiantes que egresan de la educación básica en el Perú acceden a la educación superior. Una de las razones de esta tasa baja es la escasez de recursos de las familias y las distancias geográficas de la sierra y la selva. Por otro lado, la falta de un sistema de transporte moderno en la capital determina que un estudiante deba viajar horas para llegar a una universidad.

En este contexto, la digitalización de la educación reduce costos académicos, reduce costos de transporte y de alimentación y, de una u otra manera, contribuye a universalizar el acceso a la educación superior.

A nuestro entender, el problema de que se presente una oferta educativa de mala calidad es por la falta de evaluación y acreditación permanente de las universidades y carreras académicas. Es un problema del Estado antes que de la oferta educativa. Si no existe acreditación permanente de las carreras, los padres de familia no tendrán cómo discriminar la buena o la mala oferta académica.