La batalla por la educación definirá la libertad y el desarrollo del país

El Perú tiene una agenda de corto plazo tensionada por la urgencia: recuperar la estabilidad política superando la guerra entre Ejecutivo y Legislativo, desarrollar obras de prevención en el norte y materializar un shock de inversiones en el sur. Sin embargo, también tiene una agenda de largo plazo sin la cual es imposible imaginar un futuro con libertad y una sociedad con desarrollo: desregulación del Estado, reforma del Estado, reforma educativa, inversiones en infraestructuras y reforma laboral.

En el mediano y largo plazo la educación es definitoria. Desarrollando un balance reduccionista de los hechos no es exagerado sostener que los dos milagros emergentes de la región –es decir, Chile y Perú–, las economías latinoamericanas que más habían crecido y reducido pobreza, cayeron en gobiernos comunistas y colectivistas porque los demócratas y republicanos dejaron la educación en manos de la izquierda. Considerando que Chile había alcanzado el ingreso per cápita más alto de América Latina y había reducido la pobreza por debajo del 8% de la población, ¿cómo es posible que los estudiantes marcharan exigiendo que el país del sur se convierta en Cuba y Venezuela, verdaderas fábricas de pobreza? Considerando que, en tres décadas, el Perú había triplicado el PBI y había reducido la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia), ¿cómo es posible que los peruanos hayan elegido a Pedro Castillo?

Es evidente que la respuesta está en la educación y la cultura. En los años sesenta las izquierdas marxistas y maoístas llegaron a controlar la educación a través de los tercios estudiantiles. Más tarde controlaron el magisterio. El resultado: el brutal terror de Sendero Luminoso en los ochenta, que los investigadores sociales calificaron como el terror generado por profesores y estudiantes. Luego de la caída del fujimorato el progresismo controló el Ministerio de Educación (Minedu) y comenzaron a desarrollarse todos los relatos y narrativas que, más tarde, explicarían la elección de Castillo: fábulas sobre los derechos humanos, cuentos sobre el medio ambiente y la minería, y los conocidos discursos sobre el trabajador expropiado por las inversiones, compañías y burguesías.

Durante el Gobierno de Pedro Castillo, el maoísmo –a través del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep)– pasó a controlar el Minedu y desnudó la naturaleza totalitaria de su propuesta, a través del intento de destruir la carrera pública magisterial y establecer el nombramiento de los docentes por criterios ideológicos revolucionarios, al margen de la calidad académica de los docentes. En este contexto, el sector privado de la educación –que atiende dos tercios de la matrícula en la educación superior y un tercio en la educación básica– comenzó a convertirse en foco de resistencia del proyecto totalitario del Fenatep.

¿Qué lecciones se deben extraer a partir de estos acontecimientos? La primera es que la democracia no tiene futuro si los sectores que defienden la Constitución, el mercado y las libertades no se proponen una reforma integral de la educación para desterrar los totalitarismos y la cultura de la cancelación. El objetivo es establecer una educación de calidad, meritocrática y tolerante de todas las aproximaciones y narrativas. Algo se ha avanzado con la inversión privada en el sector educativo, que suma alrededor del 60% del presupuesto del Estado en el sector.

Por otro lado, imaginar el desarrollo del Perú sin una reforma educativa centrada en una educación de calidad –de acuerdo con los estándares mundiales– resulta imposible. El desarrollo en la globalización y en medio de la digitalización del planeta demanda una fuerza laboral calificada, con capacidad de innovación y capaz de adaptarse a las tendencias del mercado global. 

Si no se abandona la influencia colectivista y progresista en el sistema educativo seguiremos atrapados en los debates ideológicos que suelen plantear estos sectores, ya sea alrededor de la colectivización de la economía o la cancelación de la disidencia mediante la ideología de género.