“El lucro y el no lucro” de la Comisión de Educación del Congreso

Una de las normas más polémicas de la Comisión de Educación del Congreso ha sido el dictamen que establece la ampliación por dos años de la posibilidad de las universidades asociativas de conseguir el licenciamiento (la reorganización de la Sunedu y el tema de la autonomía universitaria avanzan en el sentido correcto).

Hasta hoy la crítica a la mencionada ampliación se ha focalizado en la contrarreforma a favor de las universidades asociativas que no consiguieron las condiciones básicas de calidad para licenciarse. Sin embargo, ¿por qué solo universidades asociativas? No estamos proponiendo ampliar los plazos, sino que la interrogante sirve para desvelar la argumentación ideológica detrás de la medida. 

Aunque parezca mentira, en la Comisión de Educación del Congreso se argumentó que la medida a favor de las universidades asociativas se debía a que son instituciones “sin fines de lucro”, mientras que las universidades societarias (con fines de lucro, es decir, que reparten utilidades) no deberían ser parte de la medida. 

Con semejante concepción ideológica, ¿cómo así el Congreso puede defender la Constitución frente al proyecto colectivista de la administración Castillo?

Para los consumidores –es decir, los padres de familia– ¿cuál es la diferencia entre un claustro sin fines de lucro y otro que reparte utilidades? Ninguna. Las pensiones de universidades como la Católica, Pacífico, Cayetano y Lima –todas asociativas– incluso son más altas que las de las universidades societarias con calidad académica.

Antes de que se permitiera la inversión privada en educación, en el Perú había una educación para ricos y otra para pobres. Los ricos iban a las universidades asociativas –arriba mencionadas– y los pobres a las universidades públicas, sin presupuesto porque el Estado estaba en quiebra. Hoy dos tercios de la matrícula es absorbida por el sector privado (asociativas y societarias) y un tercio por los claustros públicos. 

Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos en los años ochenta, sin presupuesto, había 45,000 estudiantes. Hoy los matriculados son el mismo número, pero con presupuestos que se han incrementado en 1000%. La inversión privada entonces ha producido una redistribución a favor de los menos favorecidos.

En las últimas tres décadas el sector universitario que más ha crecido en calidad académica, investigación, revistas indexadas, infraestructura y matrículas es el sector de los claustros societarios. En el Congreso no se debería confundir a este sector académico con las universidades mercantilistas, que son las menos.

Algo más. Según el estudio “La contribución económica de la educación privada en el Perú” de Apoyo Consultoría, en el 2019 la educación privada aportó S/ 13,400 millones al PBI educativo; es decir, el 60% del total. ¿Se puede retroceder ante semejante aporte? Igualmente, el Estado recaudó S/ 1,200 millones del sector privado educativo, en contra de las leyendas acerca de que este sector no paga impuestos.

De otro lado, el sector privado de la educación contrata a 228,000 docentes a nivel nacional; es decir, el 36% del total. Asimismo, todos los resultados de las Pruebas Pisa de 2009, 2012, 2015 y 2018 demuestran que la educación privada está en primer lugar en el Perú e, incluso, en América Latina.

Pero he aquí lo más sorprendente: según el informe de Apoyo, el 74% de los matriculados en el sector privado pertenecen a los sectores económicos C, D y E. Por ejemplo, el 68% de los alumnos de las universidades societarias pertenecen a los sectores C, D y E. 

Como se aprecia, los comunistas y los progresistas siguen utilizando el concepto “sin fines de lucro” no solo para detener inversiones y aumentar pobreza, sino también para impedir que la calidad académica y la educación, como vehículo de ascenso social, se distribuya adecuadamente en toda la sociedad.