El Estado, qué miedo!

El campeón de la ineficiencia imponiendo “estándares de calidad”

La empresa consultora Macroconsult ha publicado un editorial en el que, apoya a la nueva Ley Universitaria, señalando que abre una oportunidad para “avanzar hacia un sistema universitario de mejor calidad”, y que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) será fundamental para que exista una evaluación técnica de la calidad de la infraestructura y el personal docente.

Macroconsult sostiene que “la razón principal de esta situación está en el marco legal previo que tenía a la Asamblea Nacional de Rectores, constituida por los rectores de todas las universidades del país como máximo órgano normativo y supervisor del sistema universitario, y que dejaba la calidad de la educación bajo responsabilidad individual de cada universidad”. Claro que allí está la madre del cordero. Claro que se dejaba la supervisión al libre albedrío de cada universidad y eso está muy mal, mal. Pero, ¿a quién le otorgamos el poder, la supervisión? Al Estado que ha hundido a la educación pública primaria, secundaria y superior. Macroconsult dice que sí.

En este Portal hemos sostenido que se necesita una supervisión real y masiva y que, ante la disyuntiva de empoderar al estado o al ciudadano para supervisar el sistema universitario, hay que optar por los consumidores. ¿Cómo? Mediante un Observatorio Nacional de la Calidad de la Educación donde se establezca qué universidades tiene acreditaciones internacionales, se diagnostique la calidad de su docencia y de la infraestructura y la demanda de los egresados de las facultades. De esta manera, ¿alguien cree que un estudiante o una familia apostarían a invertir el ahorro de sus vidas en una mala educación? ¿No les parece que se acabarían las malas universidades?

Además solo una supervisión de la misma sociedad, de los propios consumidores es el único método que garantiza la autonomía universitaria que no tiene que ver con exoneraciones tributarias y de otra índole sino, exclusivamente, con el ámbito académico, científico y cultural.

Macroconsult apuesta por el Estado y no se hace mayor problema con el Sunedu que dependerá del Ministerio de Educación, “porque ya existen otro tipo de supervisoras para mercados imperfectos”, como el Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ¡Vaya! Un centro académico, de innovación científica y cultural se parece a una onda radioeléctrica, a una zona geográfica donde yace un recurso natural o a una autorización del Estado para que funcione un banco. ¿La universidad es un bien finito que el Estado debe concesionar? A estas alturas comenzamos a salirnos de la carretera de un debate adecuado.

El problema de la nueva ley universitaria reside en que el Estado volverá a ser el papá de la educación y el bosque de trámites, las clientelas que se formarán alrededor de los funcionarios terminarán ahogando a la inversión privada en la educación superior, que ya empieza a producir islas de la excelencia, como sucede, por ejemplo, en los casos de los egresados de medicina. En las pruebas de suficiencia del Colegio Médico los egresados de las universidades privadas ya le ganan largamente a los de las tradicionales facultades de medicina.

Y es que el concepto de empoderar a los ciudadanos no puede funcionar sin inversión privada. Si el estado empieza a ser el proveedor predominante en la oferta educativa, ¿de qué le sirve al ciudadano tener información sobre las malas universidades públicas? De nada, porque tendría que optar por la menos mala. El perpetuo mal menor de la política trasladado a la educación superior.

La inversión privada entonces garantiza la competencia, garantiza que el ciudadano empoderado ignore a las malas universidades y también garantiza que las pensiones cada día sean más accesibles al bolsillo de los peruanos. Las pensiones privadas en el Perú son tan bajas que ahora todos sabemos que los colegios privados (donde no hay mucha competencia) son más caras que los de los claustros universitarios.

La inversión privada ha contribuido a mejorar la calidad de la educación universitaria y a proveer una educación superior más barata. Y sin embargo, el Estado ineficiente le impondrá ahora sus “estándares de calidad”. Qué miedo. Y qué extraño que quienes estudian cada día el mercado y la economía no comprendan esta realidad.