El Congreso en contra de la meritocracia de los docentes

El Congreso se negó a reconsiderar la ley que posibilitará que más de 14,000 profesores interinos sean repuestos en la docencia, luego de haber sido separados por no tener títulos pedagógicos o por no haber rendido la prueba de evaluación magisterial del 2014. De esta manera el Congreso ratificó una ley que empieza a desmantelar la Carrera Pública Magisterial que beneficia a las familias que envían a sus hijos a la escuela pública.

Ante semejante situación los padres deberían movilizar a las asociaciones de padres de familia para defender el derecho de los escolares y niños a recibir una educación de calidad. Es decir, recibir educación de docentes designados luego de evaluaciones y exámenes rigurosos, tal como se exige para ingresar a la carrera pública magisterial. Igualmente, el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Consejo de Ministros, debería plantear la observación de la mencionada ley populista.

A estas alturas el Congreso sigue sumando error tras error. Vale recordar que el pasado gobierno de Pedro Castillo asumió la plataforma del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), en la que se planteaba eliminar la carrera pública magisterial. Con la ley ratificada por el Congreso, ¿qué actitud asumirán los maestros que se dedican a perfeccionarse y al estudio para ingresar a la carrera magisterial? ¿Por qué razón un sector de privilegiados, generalmente vinculados a las dirigencias magisteriales, deben ser nombrados automáticamente?

Al respecto, hay que señalar que desde la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, la Carrera Pública Magisterial en base a la meritocracia, mal que bien, con avances y retrocesos, se ha convertido en una política de Estado aceptada por todos los últimos gobiernos. Durante el gobierno de Castillo se pretendió desmontar la meritocracia docente, pero la oposición de la ciudadanía lo evitó. Hoy el Congreso se atreve a lo peor.

De un total de 400,000 maestros en la escuela pública, aproximadamente 220,000 ya pertenecen a la carrera pública magisterial. En otras palabras, la norma aprobada en el Congreso no solo afectaría el futuro de los niños de la escuela pública, sino que estaría cuestionando el esfuerzo y los logros alcanzados por más del 50% del magisterio nacional que ya forma parte de la carrera pública magisterial. 

Por ejemplo, el concurso para ingresar a la carrera pública magisterial en el 2022 –en que se proyecta cubrir alrededor de 100,000 plazas– se implementa en cuatro momentos. En la actualidad 63,519 profesores han sido declarados ganadores para la etapa regular y propuesta excepcional (primer y segundo momento). El tercer momento se considera la etapa extraordinaria y el 13 de diciembre se conocerán a los docentes que aprobaron las evaluaciones. El concurso culminará el 30 de enero del 2024 con los resultados de la cuarta etapa. 

Con el desarrollo de estas etapas se espera que se llegue a nombrar a 80,000 nuevos maestros. Por otro lado, en setiembre de este año alrededor de 40,000 maestros ascendieron dentro de las escalas magisteriales. A fines del próximo año, pues, dos terceras partes de la docencia formaría parte de la carrera pública magisterial mientras se producen ascensos constantes en las diferentes escalas de la carrera pública magisterial. ¿Cómo se entiende entonces la decisión del Congreso de dinamitar estos procesos?

El Legislativo, entonces, se ha puesto de espaldas al futuro de los niños más pobres del país y, de una u otra manera, por criterios populistas, de clientela, respalda las demandas del sindicalismo magisterial que reduce al maestro a un simple activista político, ignorando la responsabilidad frente al futuro de las nuevas generaciones. El sindicalismo magisterial radical solo puede prosperar con la mediocridad.