¡Constituyente para igualar en mediocridad a la educación peruana!

Los promotores de una asamblea constituyente –que buscan derogar la Constitución Política de 1993 y quebrar el Estado de derecho– también tienen entre sus objetivos eliminar al sector privado de la educación que atiende un tercio de la matrícula en la educación básica y dos tercios en la educación superior. Quieren eliminar todos los proyectos privados y sociales (comunales, religiosos y católicos) que compitan con “la planificación centralizada de la educación”, desde el Estado y a cargo de la nomenclatura de turno.

En ese sentido, uno de los mayores objetivos del proyecto colectivista en la educación es eliminar el artículo 17 de la Constitución que establece la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria señalando lo siguiente: “… En las instituciones del Estado la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios…”.

En el mencionado artículo se establece la gratuidad de la educación en las entidades del Estado, pero también se acepta que los sectores sociales y familias que puedan pagar la educación de sus hijos lo hagan. De esta manera, grandes sectores de la sociedad pagan la educación de los hijos de acuerdo a sus posibilidades, mientras que los recursos del Estado se focalizan en los más pobres. Es decir, una clara estrategia redistributiva a favor de los excluidos y marginados.

De alguna manera este ha sido el modelo educativo de la Constitución, sin embargo, el modelo ha fallado –como ha sucedido en las últimas tres décadas– por el fracaso general del Estado, por el fracaso de los políticos de izquierda y de derecha. Si hay dudas al respecto vale recordar la última prueba PISA en la que participó el Perú, la del 2018. En esta prueba se evaluó a alumnos de 15 años –a punto de culminar la escuela– en matemáticas, lectura y ciencias. En lectura, por ejemplo, los países pertenecientes a la OCDE tienen un puntaje mínimo de 480 puntos. Los alumnos peruanos obtuvieron 401 puntos, por debajo del promedio mundial de 408. Sin embargo, si se hace el desagregado de la participación peruana, los colegios privados nacionales obtuvieron 547 puntos –por encima del promedio mundial y muy cerca de los resultados de los de la OCDE– mientras que los alumnos de los colegios nacionales apenas obtuvieron 387 puntos.

Como se aprecia, el Estado no puede conducir los colegios nacionales. El Estado fracasa en la reforma educativa. Sin embargo, quienes proponen la constituyente plantean eliminar al sector privado; es decir, al único sector que desarrolla educación de calidad. Nos plantean igualar a los colegios hacia abajo, en la mediocridad, en vez de emular los procesos hacia arriba, hacia los logros del sector privado educativo. Grave e incomprensible.

Una propuesta de este tipo solo se entiende por la voluntad totalitaria de controlar la educación mediante la planificación central. Sin embargo, surgen algunas preguntas centrales ante la hipótesis absurda e inaceptable de eliminar la educación privada. 

Según el estudio Estudio de contribución económica de la educación privada en el Perú, de Apoyo y Consultoría, la inversión del sector privado en la educación suma más de S/ 20,000 millones; es decir, más del 60% del presupuesto del Estado en la educación (alrededor de S/. 35, 000 millones). ¿Cómo se cubriría semejante forado de inversión en el sector? O, ¿acaso se cree que las nacionalizaciones y expropiaciones –es decir, el despilfarro de la riqueza nacional– producirá presupuesto educativo de largo plazo? La frivolidad comunista ante la educación de los peruanos. De otro lado, el argumento colectivista se derrumba cuando en el señalado estudio de Apoyo se establece que el 73% de los alumnos de los claustros privados provienen de los sectores C, D y E.

Como se aprecia con absoluta claridad, la propuesta de eliminar al sector privado es una iniciativa totalitaria, irresponsable y frívola. A los promotores de la constituyente no les interesa la educación. Únicamente les interesa el control del poder y la sociedad.