Congreso debe salvar Ley de Carrera Pública Magisterial

El próximo 9 y 11 de diciembre se desarrollará la prueba nacional de evaluación para nombrar a los docentes de acuerdo a la Ley de Carrera Pública Magisterial. El Ministerio de Educación (Minedu) acaba de publicar las plazas en las regiones que ascienden a 86,000. Sin embargo, hay una noticia desconcertante: todos los profesores que pasen la prueba serán nombrados, a diferencia de concursos anteriores en que solo se cubrían las plazas y los demás pasaban a un cuadro de méritos para futuras contrataciones.

¿Cuál es el objeto de nombrar a todos los que aprueben el examen? ¿Acaso las plazas no están asignadas con presupuesto? Todo indica que, una vez más, en la decisión del Minedu está la clara intención de poner por delante la sindicalización de los docentes en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate), de clara orientación maoísta y con vínculos con el Movadef. Los nombramientos sin considerar plazas generarán una base social movilizable para exigir presupuestos al margen de las reformas de las escuelas. El sindicato por encima de los intereses de los colegios.

Al respecto vale señalar que del aproximado de 370,000 maestros que existen a nivel nacional en la escuela pública, cerca del 55% forma parte de la Carrera Pública Magisterial. Es decir, son docentes nombrados y promovidos en base a criterios meritocráticos. Las cosas, pues, cambiarán con la nueva gestión de Rosendo Serna al frente del Minedu.

El asunto se vuelve dramático si a estos hechos le agregamos que dos resoluciones viceministeriales del Minedu establecen que más de 20,000 directores –que dirigen casi la mitad de los colegios del Estado–, que fueron nombrados y ratificados en los concursos públicos del 2014 y el 2018, ya no serán evaluados en nuevos procesos apenas terminen sus mandatos. ¿Por qué? Porque ahora el Minedu encargará las direcciones de más de la mitad de los colegios hasta que se desarrolle un nuevo concurso.

Es evidente que los “nuevos encargados” de las direcciones de los colegios serán los sindicalistas del Fenate, y es evidente también que asistimos a una manera directa de sacarle, como se dice, la vuelta a la ley de Carrera Pública Magisterial. ¿Por qué? Los directores encargados, luego del examen nacional de diciembre, serán los responsables de evaluar las hojas de vida y calificar las clases de los concursantes en el aula. En otras palabras, los directores provisionales serán los encargados de determinar quién pasa o no el examen de la Carrera Pública Magisterial.

Es incuestionable entonces que el Gobierno de Pedro Castillo se apresta a desmontar la ley de Carrera Pública Magisterial, tal como siempre lo había propuesto el propio Pedro Castillo en su época sindical y el Fenate. Lo más grave de todo es que se están destruyendo los tímidos avances en la reforma educativa y se está entronizando en la escuela pública un control sindical que responde a una visión totalitaria y maoísta en la educación. 

Por todas estas consideraciones el Congreso debe derogar todas estas resoluciones y medidas del Minedu por oponerse a la ley de Carrera Pública Magisterial.