Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
La tentación autoritaria acecha al Congreso.
El congresista Daniel Mora insiste en afirmar que ya cuenta con el mínimo de votos necesarios para aprobar el Proyecto de Ley Universitaria cuestionado por la comunidad educativa nacional debido a su marcado sesgo intervencionista y estatista. Mal haría el Congreso de la República en ceder a tales presiones que buscan hacerlo caer en la tentación de aprobar “al carpetazo” una norma que, por su importancia, requiere necesariamente de un acuerdo democrático.
Somos conscientes de que las universidades públicas y algunas privadas están en crisis y necesitan reformarse con urgencia, pero también somos conscientes de que el Estado es el menos indicado para conducir la educación universitaria. Los resultados de su pésima gestión en las universidades estatales lo confirman. De allí que resulta incomprensible e inadmisible que el proyecto en debate pretenda que el Ejecutivo se convierta en el ente rector de la vida universitaria mediante una superintendencia apéndice del sector Educación.
En vista del rechazo unánime al proyecto, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, presentó un proyecto alternativo que propone crear una Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) con carácter de organismo público autónomo cuyo directorio estaría conformado por dos representantes del gobierno y cinco académicos calificados elegidos por concurso. El problema es que esta propuesta mantiene el mismo defecto de fondo: La Sunedu también sería un apéndice del Ministerio de Educación, lo cual atenta contra la autonomía universitaria consagrada en nuestra Constitución.
Otro punto débil de la iniciativa de Saavedra es que, a pesar de otorgarle a la Sunedu facultades amplias de supervisión, fiscalización y sanción, propone transferirle el presupuesto exiguo de la actual Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que apenas le alcanza a ésta para operar con enormes limitaciones por falta de personal y recursos.
Es necesario entonces, continuar debatiendo el proyecto con mentalidad abierta y tomando como punto de partida la voluntad unánime de la comunidad universitaria de que cualquier reforma institucional se haga sobre la base del respeto a la autonomía y descartando cualquier tipo de injerencia estatal en la universidad. Al fin y al cabo, en necesario recordar que ha sido precisamente esta injerencia la que condujo a al sistema universitario peruano a su peor crisis, en los años 70, cuando la dictadura militar izquierdista de entonces intervino todas las universidades públicas y confiscó las privadas a sus legítimos dueños.
De esa misma dictadura de izquierda heredamos el modelo de gobierno asambleísta y el tercio universitario, que llevaron a la universidad peruana al desgobierno que abrió las puertas de esas instituciones a la corrupción y la mediocridad académica que vemos hoy y que venimos arrastrando desde hace décadas por falta de voluntad política para cambiar las cosas (Ver artículo Los grandes males de la universidad). Esa misma voluntad conformista con aquel statu quo está presente en el proyecto de ley del congresista Mora, que propone increíblemente extender el modelo de gobierno asambleísta y el tercio estudiantil a todas las universidades. Si esto prosperase, las pocas universidades privadas libres de ambos males serían devoradas por la anarquía, lo cual sería un retroceso terrible ya que las universidades asociativas y las empresariales lucrativas han alcanzado en poco tiempo el liderazgo en materia de calidad educativa universitaria. Son la nueva generación de universidades que ha surgido al influjo de los nuevos mercados emergentes que están impulsando el desarrollo económico y social del Perú, reduciendo la pobreza y la desigualdad.
En cualquier caso, el gesto del ministro Saavedra revela que en el Ejecutivo hay una voluntad de enmienda y disposición de seguir discutiendo el proyecto, actitud que debería compartir el Congreso de la República a fin de que nuestro país tenga una nueva ley universitaria que sea fruto de un acuerdo político y social que asegure el éxito de su aplicación. Sería lo mejor para el Perú.
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