Tramitología y proyectos mineros

Cómo la burocracia frena la inversión en recursos naturales

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima ha abierto una investigación fiscal contra varios funcionarios públicos acusados de haber recibido supuestamente sobornos para acelerar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto minero. La presunción de inocencia les asiste a los denunciados, pero el episodio pone en el ojo de la tormenta a la enmarañada burocracia que frena los proyectos de inversión en recursos naturales.

El Ministerio Público y el Poder Judicial se encargarán de decirnos si es cierta o no tan grave acusación. Mientras tanto, el caso nos invita a reflexionar sobre cómo y por qué en los últimos 15 años el estado ha sido secuestrado por la tramitología y la burocracia.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) entre el 2008 y 2014, el costo económico de los proyectos que no se ejecutan por trabas burocráticas o conflictos sociales representa unos US$21,515 millones. Durante ese periodo, el estado habría dejado de recaudar más de US$4,700 millones en impuestos y se habría perdido unos US$ 67,203 millones del Producto Bruto Interno (PBI).

¿Cómo explicar que la tramitología y el burocratismo salvaje se hayan instalado en el estado hasta el extremo actual? La explicación está quizá en que las campañas electorales de los presidentes elegidos después del fujimorato -Toledo, García y Humala- se hicieron culpando de todos los males al modelo económico y a la inversión privada. El empresario y la inversión privada se convirtieron así en objeto de todos los recelos y desconfianzas. Y esta cultura de la sospecha, instalada desde lo más alto del poder, se difundió luego hacia a los burócratas, quienes ingresaron a una competencia de quien le pone más trabas y regulaciones a los inversionistas. Las autoridades regionales y locales se sumaron luego a la ola anti inversión privada.

Lejos de promover alianzas virtuosas estado-empresa, esas autoridades se negaron a asumir liderazgos o protagonismos proinversión, y aún así algunas de ellas exigieron a las empresas mineras más “compromiso” para financiar obras que le corresponde ejecutar al estado, como en el caso del alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra.

Pero después de sortear mil regulaciones impuestas por la enmarañada tramitología, el empresario y la inversión privada deben enfrentarse con los radicales de izquierda vestidos de ecologistas y dispuestos a una lucha sin cuartel para impedir los proyectos: El estado renuncia, el radical golpea. De allí Conga, Tía María o Las Bambas.

Ahora, además de las sobrerregulaciones y la tramitología, la corrupción se alza como un posible mal. La denuncia por supuestos actos de corrupción contra funcionarios públicos advierte que es urgente una reingeniería de los procedimientos para la aprobación de los EIA. Se debe alejar las sospechas y las sobrerregulaciones.  

Como en el poema de Vallejo, el estado sigue muriendo entre la tramitología, el burocratismo y la falta de liderazgo. Sin la minería moderna el Perú no tiene futuro. Recuperemos el ritmo y el tiempo perdido.