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El Perú es una economía de ingreso medio –tal como lo son Chile, Colombia y Argentina–; sin embargo, sus niveles de informalidad en la economía y la sociedad corresponden a una economía de ingreso bajo. La creciente informalidad se desnuda en la radiografía de su sistema empresarial: más del 80% corresponden a micro y pequeñas empresas (mypes), mientras que el 20% representan a grandes empresas y corporaciones. Es decir, no hay medianas empresas, tal como sucede con las economías de ingreso medio con niveles más altos de formalidad.
Entre las causas de los altos niveles de informalidad están un sistema tributario absolutamente sobrerregulado, complejo y contradictorio, que se basa en tasas altas de impuestos que, generalmente, existen en los estados de bienestar europeos que hoy están en crisis y están siendo reformados. Igualmente otra de las causas de la informalidad económica tiene que ver con la sobrerregulación laboral y la falta de flexibilidad en los contratos de trabajo, contrariamente a lo que sucede en los países desarrollados. ¿Por qué en Perú no se aborda, por ejemplo, una reforma tributaria integral que posibilite un shock de formalización en la sociedad?
Una reforma tributaria significaría simplificar el sistema de determinación y cobro de los impuestos, pero también conllevaría a bajar las tasas tributarias para estandarizarlas y universalizarlas para todas las unidades económicas, al margen de su tamaño (grandes, medianas y pequeñas empresas). Sin embargo, una reforma de esta envergadura nunca será posible con el Estado burocrático que ha surgido en el Perú en las últimas tres décadas, que consume una tercera parte del PBI nacional, que suma más de US$ 260,000 millones.
El gasto del Estado en comparación con el tamaño de nuestra economía es gigantesco y desmesurado. Y si la sobrerregulación de procedimientos, la multiplicación de oficinas, aduanas y ministerios del estado burocrático continúa, el déficit fiscal se convertirá en una amenaza permanente y todas las políticas convergerán en el aumento de impuestos al sector privado. En otras palabras, una lenta y gradual socialización de la economía.
El Estado peruano, por ejemplo, tiene 19 ministerios, de los cuales por lo menos la mitad han sido creados con criterios ideológicos e intereses materiales del progresismo en el país. Por ejemplo, los ministerios de la Mujer, de Ambiente y de Cultura, en realidad no cumplen ninguna función social; sin embargo, consumen S/ 3,000 millones anuales, con una tendencia a aumentar sus presupuestos por el incremento del gasto corriente, de alrededor del 30% anual.
¿Alguien cree que con la existencia de este estado burocrático y con el tamaño del gasto estatal será posible una reforma tributaria? ¿Alguien se imagina al Perú bajando el impuesto a la renta de 29% a 20%, tal como sucedió durante el primer gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos? Imposible.
Para acabar con la informalidad en el Perú que , según diversa aproximaciones llega a sumar entre 60% y 70% en la sociedad, es condición sine qua non acabar con el estado burocrático, con la floresta de sobrerregulaciones innecesarias, con la multiplicación de oficinas y ministerios improductivos; es necesario acabar con el enorme estado que se ha creado para atender las sinecuras y consultorías del progresismo nacional.
Continuar discutiendo sobre propuestas para formalizar a la sociedad, sobre estrategias para cerrar el déficit fiscal y otras reformas sin señalar que el origen del bloqueo económico del Perú está en el Estado burocrático son solamente palabras que el viento se llevará.
Durante las reformas de los noventa acabamos principalmente con el estado empresario. Las nuevas reformas nos obligan a acabar con el estado burocrático.
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