Sicariato y corrupción

El escritor y poeta italiano Arturo Graf decía que “la violencia no es sino una expresión del miedo”. Esta afirmación encaja perfectamente con las acciones de quienes, tras cometer gravísimos errores, recurren al sicariato para “limpiar su imagen” eliminando a socios que podrían delatarlos. Porque entre asesinos no hay honor, solo instinto de supervivencia. Hoy en el Perú vivimos en un contexto de violencia e inseguridad en el que parece que nos estamos acostumbrando al horror, silenciando nuestra indignación y cediendo terreno a la insensibilidad. Un estado sumamente peligroso para la vida en sociedad.

En los últimos meses, los peruanos hemos sido testigos de un patrón inquietante: el silenciamiento sistemático de personas involucradas en casos de corrupción. Tres casos emblemáticos ilustran esta peligrosa tendencia:

• Andrea Vidal Gómez, ex trabajadora del Congreso de la República, fue asesinada a balazos luego de ser destituida por su presunta participación en una red de prostitución dentro de esta institución. Un funcionario estaría involucrado como autor intelectual del crimen, acusado de contratar a mujeres sin el perfil requerido a cambio de favores sexuales.
  
  
• Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigo Inca, fue hallado sin vida el 25 de diciembre pasado en un hotel. La necropsia reveló múltiples heridas de arma blanca que le causaron un shock hipovolémico. Burga era investigado por su implicación en la comercialización de conservas en mal estado para el programa estatal Qali Warma, con presunta complicidad de funcionarios públicos.
  
  
• José Miguel Castro Gutiérrez, ex gerente de la Municipalidad de Lima, fue encontrado con un corte profundo en el cuello el 29 de junio de este año. Era colaborador eficaz en la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán, y había detallado ante el Ministerio Público cómo se canalizaron más de US$ 10 millones en aportes ilegales a la Municipalidad de Lima.

Estos no son casos aislados. En cada uno de ellos hay múltiples actores que podrían tener interés en silenciar escándalos. En el caso de Vidal Gómez, los implicados incluyen trabajadores, funcionarios y congresistas que habrían recurrido a los servicios de la red de prostitución. En el de Burga, Frigo Inca estaba en el centro de una investigación que incluso llevó al allanamiento de la vivienda de Freddy Hinojosa, exdirector de Qali Warma y vocero presidencial. Y en el de Castro, su muerte ocurre justo cuando el proceso judicial por corrupción en la gestión Villarán sigue en curso, con él como testigo clave.

Estos hechos revelan la peligrosa proximidad entre el Estado y el crimen organizado. Como dijo la antropóloga estadounidense Kathy Reichs: “La violencia hiere el cuerpo y la mente del que la ejecuta, del que la sufre, de los que lloran, de toda la humanidad. Nos rebaja a todas las personas”. Es fundamental que la ciudadanía rechace con firmeza estos asesinatos y exija justicia. De lo contrario, será el crimen organizado, infiltrado en las estructuras del Estado, el que liquide la democracia mediante asesinatos selectivos, imponiendo un totalitarismo mafioso.