Tramitología minera, enemiga del Perú

En momentos difíciles para el país, afectado seriamente por el coronavirus y una recesión económica sin precedentes, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció el Decreto Supremo (DS) Nº 020-2020-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros, para hacer viables, en el corto plazo, las inversiones del sector. El nuevo reglamento incorpora el silencio administrativo positivo y reduce los plazos de evaluación para las autorizaciones de exploración, explotación y beneficio minero. 

Este DS es una gran iniciativa del Ejecutivo, necesaria para mejorar la atención de los expedientes mineros en trámite. El objetivo es ofrecer a los inversionistas predictibilidad en los requisitos y plazos. La parálisis de la administración pública, el exceso de normas y procedimientos, la precariedad institucional y la influencia del radicalismo antiminero bloquean las inversiones mineras en el país. Por ejemplo, para obtener la licencia de construcción de la mina del proyecto de cobre Tía María en Arequipa se necesitaron cuatro años después de la elaboración, gestión y presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En Argentina, las licencias de los proyectos vinculados al litio –el mineral (oro blanco) de la IV Revolución Industrial– solo necesitan una Declaración de Impacto Ambiental, y en pocas semanas se obtienen las licencias de operaciones correspondientes. 

Según Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), para materializar una inversión minera se exigen 230 trámites y procedimientos, la mayoría de ellos repetitivos, en 30 instituciones públicas distintas. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) evaluó 2,400 procedimientos administrativos del sector público entre noviembre 2018 y junio 2019. El 75% de los trámites evaluados fue observado por los investigadores. Una gran cantidad de estos trámites solo son procesos que sirven para justificar los puestos de trabajo de la burocracia. 

La reactivación de la economía, sobre todo de la minería –uno de los sectores esenciales para el desarrollo nacional– depende de la seguridad jurídica, la confianza del Ejecutivo y la pronta reducción de los trámites y procedimientos. El Perú podría convertirse en el primer productor de cobre del mundo –hoy es el segundo– ejecutando los US$ 57,000 millones de inversiones estancados: 48 proyectos, con seis de los cuales (entre ellos Tía María y Conga en Cajamarca) el PBI podría crecer en 14%. Además, se activarían 600,000 puestos de trabajo y se multiplicarían en otras regiones mineras los S/ 465 millones que por canon y regalías recibe la región de Cusco. Un reporte del Minem señala que entre enero y junio del presente año, por canon y regalías se transfirieron a los gobiernos regionales y locales S/ 1,834 millones, monto que incluye los derechos de vigencia de dominio minero y penalidades recaudadas en mayo. 

Los ataques contra la minería son permanentes, despiadados y sin sustento técnico verificable, y su único propósito es detener la producción de cobre, uno de los principales recursos del país. El comunismo vestido de ambientalista inventa y reproduce relatos y fantasías sobre supuestas contaminaciones ambientales. Asimismo, ciertos funcionarios del Estado, en sus tres niveles, hacen suyos los relatos antimineros y utilizan algunos de esos 230 procedimientos para bloquear las inversiones mineras.