Trámites: enemigos de las inversiones

La minera Codelco explorará el yacimiento de litio del salar Maricunga, en la región Atacama (en el norte de Chile). El permiso de exploración del yacimiento del también denominado “oro blanco” fue otorgado después de evaluar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de US$ 563 millones. La empresa ha previsto 10 meses de exploraciones para después producir litio en el segundo yacimiento más grande de Chile.

El salar de Maricunga, de alta ley o grado de concentración del mineral, representa el 5% del salar de Atacama. Sin más trámites, como ahora también se hace en Argentina y Bolivia, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama resolvió aprobar de manera unánime la DIA del proyecto de Codelco. La DIA –estudio de menor complejidad– reemplaza al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), simplifica los procedimientos y reduce el tiempo de inicio de las inversiones, convirtiendo a los países mineros en atractivos. Lo mismo sucede en Guyana: basta una DIA para iniciar exploraciones de petróleo. Por las inversiones en hidrocarburos, Guyana será en poco tiempo el país con el mayor per cápita del mundo.

En Perú, por el contrario, los procedimientos administrativos para inversiones en minería se realizan en en 30 entidades públicas y demoran “una eternidad”. Después del 2000, los trámites y procedimientos vinculados a la minería se multiplicaron, mientras aumentaba el número de empleados públicos (de 800,000 a 1.4 millones en menos de 20 años). “Las normas vinculadas a la actividad aumentaron de 15 a más de 250”, ha señalado Pablo de la Flor, director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

De otro lado, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) evaluó 2,400 procedimientos administrativos del sector público. El 75% de esos trámites, observados por los investigadores, frenan la velocidad del sector privado. En este contexto, las alternativas para reducir sobrerregulaciones deberían formar parte de la agenda electoral hacia el 2021. 

Según el Índice de Competitividad Minera 2019, publicado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), de siete países analizados (Chile, Colombia, México, Canadá, Australia y Sudáfrica), Perú ocupa el sexto lugar en competitividad minera. De acuerdo al mencionado informe, en Canadá un derecho de concesión se otorga en un día; en Sudáfrica, en 44 días. En Perú un derecho de propiedad se obtiene hasta en ocho meses. Además, los trámites para obtener licencias de exploración duran más de dos años. 

Coincidiendo con el informe del IIMP, en el último reporte del Instituto Fraser el Perú retrocede en competitividad minera, del puesto 14 en 2018 al puesto 24 en 2019. El instituto canadiense analiza el componente político y potencial minero de los países investigados. Según las evaluaciones, en el aspecto político Perú retrocedió ocho posiciones por la ausencia de autoridad en las zonas de influencia minera. Ceder a la violencia organizada por los sectores marxistas espanta a los inversionistas. Vale señalar que, desde Lima, las oenegés del ambientalismo ideológico comandan el círculo antiminero.

En el componente minero del Instituto Fraser, Perú descendió cuatro posiciones debido a la caída de inversiones en exploraciones y por los US$ 62,000 millones de inversiones estancadas (80% de ellas corresponden al cobre). Es evidente, entonces, el gran daño de la tramitología y de un Estado desarmado frente al marxismo. Veinte años después del ingreso al país de la minería moderna (responsable con el medio ambiente y las costumbres de las localidades donde se establece) peligran la continuidad y el incremento de las inversiones. Uno de los pilares de la economía nacional está en la mira del comunismo y su estrategia de aniquilar la inversión privada, el libre mercado y la democracia.