¡Sin reformas la lucha contra la recesión será a medias!

No obstante que el Perú era un privilegiado en América Latina y en el mundo por su situación macroeconómica y sus recursos fiscales, la economía nacional será una de las que más caerá en el planeta. El fracaso en la contención de la pandemia, el desarrollo de un confinamiento ciego y la falta de pruebas moleculares no solo dispararon el número de contagios y la letalidad, sino que han ocasionado que se pierda alrededor de 15% del PBI y más de tres millones de empleos, y que cerca de 30% de la población caiga debajo de la línea de la pobreza.

Los economistas señalan que la recuperación será rápida y en forma de “V”. Es decir, en la medida que la recesión se explica por una paralización forzada de la economía desde el Estado, apenas se recupere la normalidad los motores que empujaban el aparato productivo volverán a funcionar y la recuperación de lo perdido será relativamente rápida. Sin embargo, la historia nunca es lineal y los procesos se construyen. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el Ejecutivo y el Congreso siguen embarcados en una carrera populista –en busca de la popularidad circunstancial– que se exprese en leyes y decretos que regulen los precios de las medicinas y las pensiones educativas, y que congelen las obligaciones bancarias e intereses? 

Si el populismo prospera, es evidente que la lucha contra la recesión se frenará, se multiplicarán los sectores privados en quiebra y las corrientes colectivistas y comunistas utilizarán el escenario para plantear estatizaciones de sectores claves de la economía. La lucha contra la recesión, pues, implica una intensa guerra ideológica para preservar las vigas maestras del modelo.

No obstante, incluso manteniendo las bases del modelo económico, la lucha contra la recesión no será fácil en medio de una contracción de la economía mundial. De allí la enorme importancia de que el Estado y la clase política relance las inversiones en minería e infraestructuras, que representan más de la mitad de la inversión total del país. Movilizar nuestra cartera de inversiones mineras –de más de US$ 62,000 millones– encenderá diversos motores de la economía para superar la recesión y el aterrador aumento de la pobreza.

Más allá de la recuperación del crecimiento, poco a poco, todos llegaremos a la conclusión de que volver a crecer entre 2% y 3% en promedio anual será absolutamente insuficiente para regresar con rapidez a la situación económico-social previa a la pandemia. La pobreza y la informalidad golpearán con dureza al país.

En este contexto, necesitamos reformas de mediano y largo plazo. Una de ellas es eliminar la sobrerregulación de los procedimientos y trámites del Estado. No puede ser que los protocolos flameen en una sociedad con un tercio de su población con hambre y pobreza. Eliminar la sobrerregulación del Estado solo será posible cancelando ministerios sin utilidad social (del Ambiente, De la Mujer, Cultura, Midis, entre otros). Sobre esa decisión debemos avanzar a reorientar los gastos del Estado (cerrando o privatizando empresas estatales que sangran recursos fiscales) para focalizarlos en salud y educación.

Si avanzamos por esa ruta la posibilidad de emprender una reforma tributaria que elimine los diversos sistemas –que fomentan el enanismo empresarial– creando uno simplificado y con tasas amigables será una posibilidad. Un Estado que racionaliza y reorienta recursos no está urgido por la recaudación de la semana, sino la de largo y mediano plazo.

Al lado de la reforma tributaria el país necesita una reforma laboral para establecer sistemas de contratación flexibles, de acuerdo a la realidad de miles de pequeñas empresas. Si bien el 85% de los ingresos del Estado son aportados por las grandes corporaciones del sector privado, el 90% del tejido empresarial corresponde a las llamadas pymes, y ellas exigen reforma tributaria y laboral para luchar contra de las fuerzas de la informalidad.

En otras palabras, sin reforma del Estado, sin las transformaciones de los sistemas educativos y de salud, sin la solución de los problemas de infraestructuras y sin reformas tributaria y laboral, todos los esfuerzos en la lucha contra la recesión serán relativos. Pero una condición para avanzar por este camino pasa por detener la guerra Ejecutivo - Legislativo, que fomenta el populismo y el retaceo de nuestra Carta Política.