En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
La noticia de que el 9 de febrero el denominado Colegio de Abogados de Sicuani presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de Urgencia 027-2019, por una supuesta omisión de consulta previa para la adquisición de tierras de comunidades campesinas (alrededor del Corredor Vial del Sur), debería alertar a las autoridades del Estado. Se trata de una nuevo capítulo de la estrategia del radicalismo que busca paralizar y liquidar las inversiones mineras en dicha zona.
Antes de continuar vale indicar que detrás de esta demanda presentada por el Colegios de Abogados de Sicuani está la mano de diversos sectores de izquierda que asesoran a personajes o instituciones que se oponen a las inversiones en esta parte del país. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Decreto de Urgencia 027-2019, promulgado por la administración Vizcarra? A fines del año pasado el Ejecutivo promulgó el señalado decreto de urgencia (que modificó el DU 026-2019), en el que se aprobaban medidas extraordinarias para la adquisición de tierras y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac - Cusco. En otras palabras, el Ejecutivo creó un incentivo económico para que las personas que posean predios a lo largo de la vía las vendan de forma voluntaria. No solo eso. En este Decreto de Urgencia se precisa que se pagará a los beneficiarios en dos momentos: primero, por permitir que el personal especializado ingrese al predio para elaborar el expediente técnico (beneficio para el posesionario directo), y luego por la venta del terreno.
Asimismo, este nuevo marco legal no hace sino respetar los derechos de la propiedad de las comunidades que viven al lado de la referida carretera para pagarles un justiprecio por la adquisición de las áreas. El objetivo en el largo plazo es el asfaltado de todo el Corredor Vial, pero primero se empezará con la carretera. Sin embargo, y como no es novedad, las organizaciones de izquierda han encontrado nuevas banderas para aprovecharse de la situación y llevar agua para su molino, como se dice. El Colegio de Abogados de Sicuani ha presentado una demanda de inconstitucionalidad porque, según señalan, el decreto de Urgencia ha violado el principio de la denominada consulta previa y porque no se le puede despojar a de sus tierras a las comunidades.
Así, estas instituciones suelen repetir el artículo 17.3 del convenio 169 de la OIT, en el que se señala que “se deberá impedir que terceros despojen a los pueblos indígenas de sus territorios, aprovechándose del desconocimiento de estos de las normas legales”. El Corredor Vial del Sur ha sido declarado vía nacional por su importancia estratégica para el desarrollo regional y nacional.
Sucede que quienes están utilizando la ignorancia de las comunidades son estos sectores colectivistas y radicales. Pero el tema no acaba allí, días atrás en el importante periódico español El País apareció un reportaje que denuncia la violación de los Derechos Humanos en el Perú, concretamente alrededor de la unidad minera Las Bambas.
Dicho reportaje señala que dos comuneros han sido denunciados de manera abusiva por el Ministerio Público. Lo que no se dice es que estos dos comuneros fueron parte del equipo que dirigió un asalto violento contra Las Bambas, en el que hubo heridos y muertos. Lamentable que periodistas peruanos narren solo una parte de la verdad.
Como se aprecia con absoluta claridad, el Corredor Vial del Sur se ha convertido en un campo de batalla para los sectores de izquierda que pretenden paralizar las minas emplazadas en esa área –Las Bambas, Cerro Verde, Antapaccay, Constancia, entre otras–, que producen más del 50% del cobre nacional.
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