Reformas para enfrentar la recesión

Los economistas y las entidades especializadas señalan que en el 2020 la economía peruana caerá entre 3 y 5 puntos, en medio de una contracción mundial sin precedentes. En marzo, el crecimiento se desplomó en 20 puntos por los quince días de cuarentena, y todos los trimestres de este año mostrarán números en rojos. El PBI del Perú padecerá las inevitables consecuencias de una cuarentena que comienza a generalizarse en el planeta.

El anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de echar mano de los ahorros de treinta años de continuidad de un modelo económico basado en la inversión privada y la disciplina fiscal, parece apuntar en el sentido correcto. Sin embargo, todas las medidas keynesianas (inevitables) en la situación actual tienen un objetivo: evitar que se interrumpa la cadena de pagos, la quiebra de empresas y que la pobreza se dispare.

Ahora bien, para mirar el futuro con calma, ¿es suficiente que el Estado invierta los ahorros de tres décadas de disciplina fiscal? Creemos que no. El Perú debe lanzar un paquete de reformas que incrementen dramáticamente la productividad y la competitividad de nuestra economía con el objeto de multiplicar nuestra capacidad para fomentar y atraer inversiones.

Por ejemplo, el mundo seguirá demandando alimentos, y el régimen laboral y tributario establecido en la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) no solo debe consolidarse, sino que debe volverse permanente y servir de base para una reforma laboral de todo el sistema laboral del Perú. Hoy, el Estado ofrece plazos flexibles para pagar impuestos al fisco, ¿por qué no considerar una reforma tributaria que recoja el espíritu del régimen agrario, termine con los diversos regímenes tributarios existente y fomente la formalización? Nuevo modelo laboral y tributario son dos pilares fundamentales para acabar con la extendida informalidad que, por ejemplo, ahora bloquea la posibilidad de distribuir con eficiencia los bonos de solidaridad, en medio de la cuarentena social.

De otro lado, si bien los precios de los minerales y del cobre caerán considerablemente, esa situación de ninguna manera significa que las inversiones mineras se paralizarán en el planeta. Las empresas seguirán invirtiendo, a la espera de la reactivación, para recuperar pérdidas. En ese sentido, el Estado –que hoy logra imponer cierta autoridad para hacer cumplir las medidas de emergencia y la cuarentena social– debería utilizar ese impulso para restablecer el imperio de la Constitución y la ley en las zonas mineras en donde el radicalismo antiminero bloquea inversiones utilizando la violencia.

El proyecto Tía María debería seguir avanzando en Arequipa y el Estado debería recuperar para el país el cinturón de cobre del norte en Cajamarca (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay), que le podría agregar 1.5 millones de toneladas de cobre (TMC) a nuestra producción nacional actual de 2.5 MTC. Si el Perú se embarcara en el relanzamiento de nuestra minería las posibilidades de superar los efectos devastadores de la recesión se multiplicarían al infinito.

De otro lado, el Ejecutivo debería estar en condiciones de relanzar las inversiones en infraestructuras mediante las asociaciones público privadas, hoy paralizadas por el caso Lava Jato. Con las reformas y las previsiones necesarias para evitar los errores del pasado, el país debería estar en condiciones de volver a invertir en infraestructuras.

Algo más. Hoy estamos en épocas de vacas flacas. El paquete económico del 12% del PBI para reactivar el sector privado de ninguna manera debe significar evitar reducir los gastos superfluos, acumulados en años de vacas gordas. En ese sentido, el Estado debe reducir gastos en donde se pueda. Es decir, reducir ministerios y otros desembolsos que solo sirven para alimentar a una clase media artificial.