Reducir gastos del Estado en vez de liquidar clase media

El Ejecutivo ha anunciado que, ante la profundización de la recesión que se avecina debido a la prolongación de la cuarentena –por el colapso general del sistema de salud–, se creará un impuesto a los ingresos a partir de los S/ 10,000 con objeto de recaudar S/ 300 millones mensuales para enfrentar la pandemia del Covid-19. En otras palabras, más impuestos para la clase media. La lógica gubernamental –al parecer también de un sector del Congreso– es que en el Estado no hay nada que hacer, que los políticos nunca se equivocan y que, por lo tanto, hay que cargarle el asunto a los privados, al reducido sector formal que contribuye y explica los enormes recursos que la administración actual no gasta adecuadamente.

En el Perú solo el 40% de los agentes económicos tributan. El resto es informalidad en diversos grados. Considerando impuestos, tasas y contribuciones, la presión tributaria llega al 16% del PBI. Pero tomando en cuenta que menos de la mitad de la población tributa, esa presión tributaria, en la práctica, se convierte en alrededor de 40% para los formales. Es decir, una tasa parecida a la de cualquier país desarrollado. Un sector minoritario de la sociedad, entonces, aporta los cerca de US$ 65,000 millones que gasta el Estado en los gobiernos central, regionales, municipales, y en las empresas estatales y organismos descentralizados.

Hoy contemplamos que la actual administración no compró pruebas moleculares ni respiradores en enero pasado, pese a nadar en dinero. Igualmente, que los ministerios, los gobiernos regionales y locales, no son capaces de distribuir el bono S/ 380 o el nuevo de S/ 760, ni de organizar el retorno de los miles de provincianos que han perdido sus empleos. En otras palabras, el Estado, los políticos, se derrumban. Pero la única salida para el Ejecutivo es un nuevo impuesto, una nueva carga para quienes paran la olla del Perú.

El fracaso del sistema de salud -también explicable por no fortalecer el primer nivel de atención primaria ni la estrategia comunitaria, esenciales para combatir cualquier pandemia- ha obligado al Ejecutivo a prolongar la cuarentena. Los economistas señalan que el resultado ahora será más devastador: el PBI caerá en 10%, la pobreza aumentará entre 5 y 6 puntos, más allá de que la distribución de bonos pueda mitigar la situación. Pero en esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Solo fracasar en todo? El Ejecutivo y el Congreso deberían liderar una reducción general de gastos del Estado, cerrar ministerios, reducir la planilla estatal, paralizar obras estatales elefantiásicas –como el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT)–, cancelar consultorías en los niveles central y regional y local, para lograr ahorrar US$ 500 millones mensuales, una cifra cuatro veces superior que aquella con la que se pretende cargar a los privados.

Algunas cifras para dejar en claro que no hablamos en el aire. Las empresas estatales consumen cerca del 5% del PBI. La mitad corresponde al PMRT. El presupuesto público se emplea 20% en gastos de inversión y 80% en gastos corrientes. Del gasto corriente, la mitad se consume en bienes y servicios y la otra mitad en planillas. ¿No se puede hacer ahorros? Salvando las distancias, el presidente de México, Manuel López Obrador, ha reducido la subsecretarías del Estado y los sueldos de los funcionarios públicos en 25%, y ha cancelado las gratificaciones. Con estos recortes ha ahorrado US$ 25,000 millones.

Otro argumento a favor de la urgencia de reorientar y ahorrar gastos para destinarlos a salud. Los ingresos del Estado se componen de la siguiente manera: un tercio de renta, otro tercio de IGV y otro de los demás impuestos. Bueno, 40 empresas pagan el 90% de la renta y del IGV. Es evidente, entonces, que los ingresos del fisco caerán, pero no tanto.

Por todas estas consideraciones es incuestionable que el ajuste y la búsqueda de mayores recursos para el sistema de salud tiene que venir por el lado del Estado. Mucho Estado, muchos recursos, para que no hayan pruebas moleculares ni respiradores. De otro lado, la ciencia económica demuestra con absoluta claridad que el aumento de los impuestos, la sobrecarga a quienes tributan, solo reduce la recaudación. Y, finalmente, la ciencia económica también nos señala que incrementar los costos de la legalidad solo crea y extiende la informalidad.