En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
Continúa el doble discurso de la administración de facto de Martín Vizcarra alrededor del proyecto Tía María. “Mientras no existan condiciones sociales, no se va a hacer el proyecto Tía María”, se sostiene en el Ejecutivo, mientras las minorías radicales continúan desatando la violencia en la provincia de Islay en Arequipa.
Los sectores antimineros no aceptan la ratificación de la licencia de construcción de la mina del proyecto de cobre Tía María, realizada por el Consejo de Minería (CM), dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Y, sorprendentemente, el Ejecutivo ha inventado una posibilidad “legal” que podría detener el proyecto de cobre: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) —del Ministerio del Ambiente (Minam)— evaluará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Hoy, por ejemplo, inspectores de la OEFA verificarán que la concesionaria no haya construido una obra no contemplada en el EIA, tal como denuncian falsamente los antimineros.
Enterado de la confirmación de la licencia de construcción de la mina Tía María, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, criticó con extrema dureza al presidente Martín Vizcarra. Asimismo, el alcalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso ha amenazado al presidente Vizcarra. “Tenga mucho cuidado, el descontento no es solo en el valle de Tambo, es en más pueblos del país”, ha dicho la autoridad vinculada a la izquierda peruana. Por su parte, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) ha anunciado movilizaciones en contra de Tía María.
Los radicales, organizados por las autoridades locales y regionales arequipeñas, no se han quedado con los brazos cruzados y continúan bloqueando los accesos a los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. En un episodio, dos menores de edad fueron intervenidos por la policía cuando protagonizaban actos de violencia. Asimismo, niños de Islay han sido disfrazados de “espartambos”, encapuchados y con escudos de triplay, simulando a los manifestantes violentos que, con hondas y huaracas, atacan a la policía.
Según han reportado los medios locales, en Deán Valdivia casi la totalidad de escolares dejaron de asistir a clases. Lo mismo sucedió en Cocachacra, con un 70% de los estudiantes sin presentarse a los colegios. La inasistencia de los profesores es notable en las instituciones educativas de la provincia de Islay.
Lo curioso en estos días de manifestaciones callejeras, es la posición del director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Islay, Pedro Luque. Según la autoridad regional, los directores de las instituciones educativas públicas están en la libertad de decidir la suspensión de las labores educativas en sus centros escolares. ¿La autoridad no debe hacer respetar el normal funcionamiento de las actividades educativas? Los violentistas pretenden disponer en las calles a la mayor cantidad de jóvenes y profesores manifestándose violentamente.
La izquierda antidesarrollo seguirá concentrada en Arequipa desplegando todas sus fuerzas para presionar al Gobierno para la anulación definitiva del proyecto de cobre. Se espera de la OEFA un informe señalando que la empresa incumplió con lo establecido en su EIA. Mientras tanto, por el paro indefinido, la cosecha de papas en las 2,500 hectáreas sembradas se perderá por el bloqueo de las vías de acceso y salida del valle de Tambo, aún cuando la policía hace todos sus esfuerzos para despejarlas.
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