¡Enemigos de la patria quieren parar el gas de Camisea!

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República está pendiente la aprobación de un dictamen –impulsado por el Frente Amplio–que propone modificar la Ley Nº 28736, de Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. Según el mencionado dictamen se plantea declarar como reserva indígena los territorios Kugapakori, Nahua, Nanti, Madre de Dios y otros. En estas áreas se emplaza el mayor proyecto gasífero del país en la actualidad (el proyecto del gas de Camisea) y diversos proyectos de investigación forestal. De aprobarse el dictamen todos estos emprendimientos nacionales se paralizarán porque se prohibirían expresamente, por ejemplo, actividades de exploración en hidrocarburos.

Asimismo, el mencionado dictamen prohíbe las actividades económicas, extractivas y de infraestructura, contratos, concesiones, estudios, autorizaciones y otros. Igualmente se elimina toda posibilidad de investigación científica relacionada, por ejemplo, con la medicina (nuevas fuentes de medicamentos) y biodiversidad (nuevas posibilidades alimenticias). También se prohíben los estudios vinculados con la fauna y flora. 

El dictamen es categórico en su oposición a las urgentes inversiones del país. A la letra se dice que “no se otorgarán derechos de aprovechamiento de recursos naturales, excepto los que con fines de subsistencia realicen los pueblos del interior de la reserva”. Asimismo, el dictamen también considera “la prohibición estricta del ingreso de agentes externos, foráneos o extranjeros”. 

La intención de la norma no es otra que bloquear los proyectos de gas, petróleo y madera, así como la expansión de territorios agrícolas sostenibles. Si el dictamen se convierte en ley paralizará el 50% de las actividades relacionadas con el gas de Camisea, por hallarse entre las zonas de reserva consideradas protegidas e intangibles.

¿Cómo entender esta iniciativa? Los sectores marxistas y comunistas, con leyendas y mitos ambientales, buscan por todas las formas alejar a nuestra Amazonía de las inversiones forestales y en hidrocarburos, fundamentales para enfrentar la recesión y el aumento de pobreza. El dictamen que comentamos es una expresión más de los impulsores del Acuerdo de Escazú que entregaría el 53% del territorio nacional a una jurisdicción supranacional.

Si el dictamen se transforma en ley se caerá el proyecto Siete Regiones, que prevé distribuir y masificar el consumo de gas natural en diversas regiones del país. Las concesiones anunciadas por el presidente Martín Vizcarra, antes de la pandemia, se postergarían indefinidamente. El gas barato, el deseo de todos los peruanos, terminará para siempre por la prohibición de actividades económicas en la selva. Asimismo, se afectaría la producción actual de petróleo y las nuevas concesiones de exploración y explotación. La mencionada Comisión de Justicia del Congreso, entonces, está a punto de cometer un gravísimo crimen contra el Perú. La capacidad energética del país se desplomará y la dependencia de las importaciones aumentará. 

Llama la atención que el Congreso pretenda condenar al ostracismo eterno a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, prohibiendo la construcción de infraestructura básica, puertos, caminos, comunicaciones, escuelas, postas médicas, seguridad y justicia. Y no es el primer intento del Congreso para crear reservas y prohibiciones en la Amazonía. 

El sueño comunista es aumentar el número de pobres para que ellos escuchen sus prédicas en contra del crecimiento y la inversión. Pero ya nadie cree en el cuento comunista de la defensa del medio ambiente en la Amazonía. Finalmente, al alejar al Estado, las inversiones y la formalidad de las regiones amazónicas lo único que hacen es fomentar la informalidad y las economías delictivas en la explotación de la madera e, incluso, en las de hidrocarburos. Y sobre todo, condenan a los pueblos a la extrema pobreza.

El Estado, la Constitución y las leyes deben velar por la preservación del medio ambiente. Para alcanzar ese objetivo se necesita formalizar las actividades económicas de la selva; pero sobre todo, se necesita grandes inversiones, compañías modernas, que respeten el medio ambiente y sean fiscalizadas.