¡Promover inversiones ya!

Por Resolución Ministerial 106-2020-MINEM/DM el Gobierno de Martín Vizcarra ha constituido el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Energía y Minas (Minem) cuya finalidad es coordinar y evaluar los proyectos de inversión, los riesgos asociados a la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos del comité. Los organismos que participan del comité son la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

En entrevista en el diario Correo, el economista Hernando de Soto ha calificado de hecatombe la situación económica que se perfila como consecuencia del coronavirus. Asimismo, diversos análisis señalan que los sectores económicos más perjudicados serán, entre otros, el de hidrocarburos, el minero y el forestal. El Comité deberá, por ejemplo, definir cuanto antes el futuro inmediato del proyecto de cobre Tía María (en Arequipa) y de otros proyectos mineros en la lista de espera, que suman inversiones de más de US$57,000 millones. 

La minería es uno de los principales sectores productivos del país porque aporta divisas, renta, canon y regalías al Estado en sus tres niveles: nacional, regional y local. Asimismo, las mineras suscriben convenios de cooperación con las comunidades para desarrollar proyectos vinculados a la educación, salud, medioambiente y actividades económicas locales. Hoy se ha demostrado el valor del cobre en la salud de la población. Desde la antigüedad diversos recipientes de cobre –por su capacidad de eliminar gérmenes, bacterias, parásitos y virus– fueron utilizados para el tratamiento de los enfermos. Por su alta conservación y conducción de calor, el cobre es valioso contra el coronavirus. Asimismo, la plata es un mineral usado para eliminar las infecciones. Y Perú es segundo productor mundial de cobre y plata.

Así como el cobre es la base de la industria eléctrica y electrónica, del sector automotriz y construcción, y de la industria médica, el litio es la base para la fabricación de acumuladores (baterías) de alta capacidad de almacenamiento de energía con menor peso y tamaño. En Puno, el proyecto Falchani se retrasa aún más debido a la paralización de las actividades económicas del país. Asimismo, existe una intencionalidad política por parte de los antimineros en su pretensión de producir litio con lampa, pico y carretilla; de manera artesanal y social, según sus dirigentes. Esta posibilidad pondría a Perú fuera de la competencia internacional que hace rato han comenzado Bolivia y Chile, con la participación de compañías de baterías y autos de Alemania, China y Rusia. 

Por otro lado, urge evaluar una norma simple basada en la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer, antes de que sea tarde, inversiones en aguas profundas y de alto riesgo en el zócalo continental y la selva amazónica. Con el precio de petróleo por los suelos y los efectos de la pandemia, las inversiones en el mundo se restringen. La petrolera Exxon Mobil Corp anunció recortes de hasta un 30% en sus inversiones de gas natural y petróleo en aguas profundas. La razón es la caída de la demanda de combustibles por la crisis provocada por el coronavirus. Otras petroleras hacen lo mismo, recortando sus gastos de inversión hasta en un 20%. Sin una norma para atraer inversiones para exploración –ubicación y cuantificación de los recursos de hidrocarburos– la dependencia energética del país continuará, y ya gastamos US$5,000 millones importando crudo. Una norma considerando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en lugar del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) servirá para reducir al máximo los 80 estudios técnicos (por cada proyecto de exploración) que ya existen en los distintos organismos del Estado vinculados al petróleo y gas.

Para la agricultura, el otro gran sector orgullo nacional (por las 600 variedades de frutas y verduras en los mercados mundiales), hace falta agua para extender nuevos territorios cultivables. Más de nueve proyectos (Majes Siguas II, Chavimochic III, Alto Piura, Paltiture, Olmos, Chinecas, entre otros) están detenidos por vinculaciones con casos de corrupción, adendas, desentendimientos entre la autoridad y el concesionario de la obra y, sobre todo, el obstruccionismo del comunismo, que reaviva conflictos territoriales en los lugares de los proyectos y aduce falsamente daños medioambientales en la construcción de las represas, conductos y sistemas de electrificación. 

Es muy oportuna la creación del Comité. En las circunstancias actuales no hay espacios para las dudas y los intereses subalternos en la política peruana. La promoción y reactivación de la producción es una tarea urgente y que no debe quedarse en la buena intención. La ruta de las inversiones debe ser señalada de manera inmediata y sin prejuicios.