PPK y los objetivos en el agua potable

Se debe abrir las puertas a las alianzas público-privadas (APP)

Como se sabe, días atrás una mayoría parlamentaria aprobó la delegación de facultades para que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pueda legislar en cinco materias claves, entre las que se incluye la gestión de agua y saneamiento. El proyecto inicial de delegación de facultades presentado por el PCM Fernando Zavala dista mucho del aprobado, sobre todo en el tema en mención. Aunque las correcciones hechas por las bancadas opositoras —entre ellas la fujimorista— no son arriesgadas —por ejemplo, en que la gestión del agua potable sea asumida por privados— ya son un ligero avance. En todo caso, ahora el gobierno tiene entre sus manos un gran reto.

Hoy —según el documento Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)— el déficit de infraestructura del agua y saneamiento representa la friolera suma de US$ 12,252 millones, y alrededor de ocho millones de peruanos no cuentan con el líquido elemento. Para cerrar el déficit del agua potable y saneamiento el Estado tiene que abrir las puertas al sector privado a través de alianzas público-privadas (APP). No obstante, las bancadas opositoras —por ojo electoral, ingenuidad o anteojeras ideológicas— no aprobaron la propuesta inicial del gobierno. Con las modificaciones al proyecto de delegación de facultades no se ha pretendido atacar el problema de fondo: el Estado es incapaz de gestionar de forma eficiente el servicio de agua potable y saneamiento.

Inicialmente en el proyecto de delegación de facultades presentado por el PCM Zavala se indicaba en que se debería “Promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las inversiones públicas y públicos-privadas en el servicio de saneamiento, incluyendo mecanismos con el objetivo de apoyar la ejecución de la política del sector y simplificar la ejecución de proyectos de saneamiento”. Como se lee, el gobierno pepekausa apostaba a que el sector privado pueda entrar a ejecutar proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. Hoy, la propuesta aprobada por el Congreso ha sido cambiada a “Promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las inversiones públicas en agua y saneamiento, y público-privadas en tratamiento de agua, garantizando la continuidad de las empresas públicas que prestan servicios”. Se puede ver de forma explícita que el Parlamento apuesta a que el Estado tenga aún el control y la gestión de un mal servicio.

Según un informe de la asociación Contribuyentes por Respeto (CpR), la cobertura y la calidad del agua potable en el Perú son pésimas. Existen alrededor de 52 Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), todas manejadas y gestionadas por municipalidades (Estado) a excepción de Aguas de Tumbes y SEDAPAL, ya que la primera es una empresa privada y la segunda es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente en manos del Ministerio de Vivienda. El informe en referencia también indica que la cobertura total del servicio en el 2015 fue alrededor de 75%; a diferencia de Chile (99%) y Argentina (98%), países que apuestan por el sector privado en el servicio. Además, en promedio la continuidad del agua potable para las EPS en total es solo de 16 horas, y para las EPS pequeñas de 7 horas.

Pero la mala gestión no queda aquí. Hoy el endeudamiento promedio de las EPS es alrededor de 147% en tanto que —para poner otro ejemplo— en Estados Unidos es apenas de 49%. Juan José García Chau investigador del CpR señala que la mala gestión financiera se debe a que casi la mitad de conexiones en el Perú no registran de manera adecuada los consumos de agua potable (micromedición), a la gran cantidad de agua no facturada de las EPS y a la incapacidad de estas empresas para medir adecuadamente el agua distribuida.