¿Por qué no hay reforma laboral?

Hay diversas mediciones que señalan que el 72% de la población económicamente activa está en situación de informalidad laboral. Es decir, no tiene acceso a sistemas de salud ni sistemas previsionales. El trabajador informal depende de pymes con alta precariedad y escasa productividad. Generalmente en este amplio sector hay una alta tasa de quiebras y movilidad empresarial, una situación que agrava en extremo la precariedad de los trabajadores. En el Perú la informalidad laboral es 44% más alta que en otros países que tienen un ingreso per cápita parecido al nuestro. 

Sin embargo ni el Ejecutivo ni el Legislativo –antes del cierre del año pasado– se atrevieron a emprender una reforma que, en cualquier país, se convertiría en una demanda dramática de los sectores más pobres de la sociedad. Si solo el 25 % de los trabajadores que trabaja en grandes corporaciones nacionales y extranjeras se beneficia de la legislación laboral general, ¿cómo entender la desidia de la clase política frente a un problema más que urgente?

La única explicación posible es que la posibilidad de una reforma laboral representa un alto costo para los políticos debido a que la opinión pública, los medios de comunicación y los sentidos comunes, han sido ganados por las corrientes populistas y marxistas que promueven derechos laborales y un sistema de salarios declarativos, al margen de la realidad de los mercados y la productividad de las empresas.

Si bien es cierto que la informalidad laboral tiene diversas causas –entre ellas las tributarias y las sobrerregulaciones sectoriales en los gobiernos central, regional y local–, todos los especialistas señalan que la rigidez explica por los menos un 20% de la informalidad laboral. Planteada las cosas así, ¿por qué no se avanza algo con respecto a esta espinosa cuestión?

Ahora bien, no todo es sombra en el tema laboral. El pasado Congreso aprobó la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que establece un sistema flexible para contratar y cancelar contratos de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrarias. Luego del cierre del Legislativo, el Ejecutivo promulgó la mencionada norma mediante decreto de urgencia, ampliando sus beneficios a los sectores forestal y acuícola. Los resultados de esta norma son relevantes: en dos décadas, según el BCR, el empleo formal en el sector se incrementó en 160% y la pobreza se redujo de 67% de la población a solo 19% en las regiones agroexportadoras. 

Los resultados, pues, son evidentes. En el planeta los países con mayor flexibilidad laboral –como Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Estados Unidos– tienen tasas de desempleo que van del 3% al 5% de la población. En el Perú la rigidez laboral, sorprendentemente, la estableció el Tribunal Constitucional, en contra del espíritu liberal de la Constitución vigente. El máximo intérprete de la Carta Política, en una sentencia del año 2000, estableció que el trabajador despedido podía ser reincorporado a su puesto de trabajo, en vez de otorgarle la correspondiente indemnización.

Dicha sentencia sumó otro factor determinante –a los ya existentes– para disparar la informalidad en general, y la laboral en particular. Por todas estas consideraciones, ¿cómo entender la desidia de nuestra clase política para enfrentar un problema que se comienza a convertir en un holocausto económico y social para los trabajadores?