¿Plan Reactiva Perú en peligro?

Las medidas de emergencia y la cuarentena social impuestas para detener el avance de la pandemia del Covid-19, según diversos economistas y consultoras, generará una recesión entre -5% y -3% y aumentará por los menos entre 4 y 5 puntos porcentuales de pobreza. En otras palabras, inevitablemente más de un millón de peruanos volverán a ser pobres en medio de una recesión planetaria sin precedentes.

La recesión se manifiesta en la ruptura de la cadena de pagos y la quiebra de miles de empresas y la consiguiente pérdida de los empleos. Ante esta situación, el Banco Central de Reserva ha propuesto una inyección de liquidez a la economía, del orden de los S/ 30,000 millones, suma que representa el 4% del PBI. Los bancos privados, con la garantía del Estado, otorgarían préstamos a las empresas para evitar que se interrumpa la cadena de pagos.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la garantía de los créditos solo cubriría hasta el 98% del monto prestado y el 2% restante se manejaría de acuerdo a los criterios de riesgo del sector privado. Aparentemente no habría mayor problema con ese 2%, pero considerando las evaluaciones crediticias de riesgo que se suelen ejecutar, ¿cómo así llegaría el crédito oportuno al universo de 350,000 empresas a las que se pretende beneficiar? ¿Acaso no se está sacrificando la eficiencia de los créditos frente a la urgencia de la liquidez? Preguntas válidas porque los plazos para otorgar los créditos se pueden alargar y la banca privada tomará sus preocupaciones.

¿Puede un shock de liquidez funcionar con estos criterios? ¿Se está recogiendo el espíritu de la propuesta del BCR, explicada con precisión por Julio Velarde, presidente de la referida entidad?

De otro lado se ha establecido que el tope de los créditos se fija en base al monto menor entre el equivalente a tres veces la contribución de la empresa a Essalud y un mes promedio de ventas en el 2019. La mayoría de las medianas empresas ha optado por el sistema de las Empresas Privadas de Salud (EPS) y, por lo tanto, contribuye menos a la seguridad social. Es decir, solo se podrá acceder a créditos insuficientes para cubrir las planillas por las medidas de emergencia y la cuarenta social.

Hoy no existe razón alguna para dudar en la urgencia de un shock de liquidez en la economía para evitar la ruptura de la cadena de pagos, salvar empresas de la quiebra y, consecuentemente, defender el empleo de miles de trabajadores. El Estado tiene la suficiente holgura fiscal para atreverse a desarrollar uno de los planes de reactivación más audaces de la región. Para enfrentar este tipo de situaciones el Perú mantuvo un modelo económico basado en la inversión privada y la disciplina fiscal.

Asimismo, en el Ejecutivo y en el Congreso se debería considerar seriamente la urgencia de una reforma laboral que instale la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, la única manera de evitar el cierre masivo de pequeñas empresas ante la imposibilidad de pagar las planillas. 

Como se aprecia con absoluta claridad la pandemia del coronavirus no solo obliga a focalizar todos los gastos del Estado en el sector salud –cerrando ministerios y gastos superfluos–, también obliga con urgencia a desarrollar reformas para aumentar la productividad y la competitividad de la economía. Y a reducir la alarmante informalidad, que hoy se ha convertido en uno de los principales escollos en la lucha contra el Covid-19.