Otra vez Las Bambas bajo ataque

El nuevo Ejecutivo del presidente interino Francisco Sagasti se enfrenta a su primera protesta social en torno a la operación Las Bambas, cuyo concesionario es la empresa minera MMG. La mina está ubicada en el denominado Corredor Vial del Sur, donde también se ubican varias de las principales operaciones de cobre de nuestro país. ¿Qué sucede en Las Bambas? Aquí les contamos.

El lunes pasado, alrededor de 5,000 pobladores de las comunidades del distrito de Challhuahuacho, azuzados por dirigencias radicales, cerraron las vías evitando así la entrada y salida del transporte. Las exigencias de este grupo de manifestantes es que se cumpla el Decreto Supremo 005 PCM 2016 y que se implementen los compromisos asumidos (relacionados con el canon) por la empresa minera. 

No obstante que se debe rechazar la actitud confrontacional de los pobladores, vale detallar la lógica de estos reclamos. En el 2016, el entonces Gobierno de Ollanta Humala promulgó el Decreto Supremo 005 PCM 2016, en el que se declaraba de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. 

En el referido decreto se indica que “las entidades del Estado deberán implementar acciones de seguimiento físico financiero, orientadas a concretar la ejecución de las acciones, programas y proyectos a los que se han comprometido mediante las resoluciones ministeriales emanadas de cada sector”. Es decir, los diversos ministerios (Transportes, Vivienda, Agricultura) debían implementar proyectos para cerrar las brechas en la zona. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Ya durante el Gobierno de Kuczynski/Vizcarra se crearon diversas mesas de trabajo en las que se priorizaron 158 proyectos en infraestructura, salud, educación, programas sociales y agricultura, que demandarían una inversión de S/ 2,055 millones. ¿Cómo evolucionaron estas propuestas? No se tiene un estudio o informe sobre el nivel de avance de estas inversiones. 

Con respecto al canon minero que se exige, vale indicar que hasta el año 2019 se hizo un adelanto de canon en la zona por alrededor de S/ 600 millones. El ex presidente Martín Vizcarra dijo en noviembre del 2019, cuando visitó la zona, que su Gobierno impulsaría la creación de una ley para adelantar la entrega del canon, desconociendo el adelanto que ya realizó MMG. Con respecto a las regalías, entre enero del 2016 y octubre del 2020 Apurímac ha recibido S/ 975 millones por este concepto, que fueron transferidos a las distintas provincias de la región. Aproximadamente el 50% de esos recursos se destinó a los municipios distritales de Cotabambas (incluido Challhuahuacho) 

Las Bambas y el Corredor Vial del Sur son una zona estratégica e importante para el movimiento antiminero, que pretende utilizar las justas demandas de las comunidades campesinas. De allí que ahora los comuneros –influenciados por organizaciones no gubernamentales, por operadores de extrema izquierda y por brokers– hayan levantado el cambio de la Constitución como una bandera de lucha. Lo que se pretende aquí es eliminar y liquidar las inversiones privadas en la minería.

El gran culpable es el Estado, que no ha podido asegurar que los proyectos de desarrollo se implementen, y esta situación desata un gran descontento social. El radicalismo extremista, en vez de denunciar el fracaso del Estado –que cobra impuestos a las mineras y no construye carreteras, escuelas o postas médicas–, se dedica a demonizar a las compañías mineras. En otras palabras, no le interesa resolver los problemas de los pobres, sino consolidar la agenda ideológica anti inversión.