En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
En julio pasado Elmer Cáceres, presidente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), anunció la transferencia del proyecto Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). En este contexto, el titular de la obra –por ahora el GRA– tiene plazo hasta el 30 de octubre para suscribir la adenda 13, que modifica sustancialmente la tecnología del proyecto de afianzamiento hídrico más grande del sur: de canales abiertos a conductos de agua cerrados para reducir el consumo de agua (de 23,000 m3 a 16,000 m3 anuales). Por el proyecto –1,140 millones de m3 de agua de lluvia almacenada– se ampliará el horizonte agrícola con hasta más de 38,000 hectáreas de nuevos territorios cultivables, ideales para la agricultura a gran y para la gran variedad de frutas y verduras arequipeñas a disposición de los mercados más exigentes de los cinco continentes.
Después de las 12 adendas suscritas, la inversión inicial se modificó de US$ 148 millones a US$ 509 millones hasta antes del proyecto de adenda 13 (US$ 104 millones más por el cambio de tecnología de riego). Pero los desacuerdos entre las autoridades y los dirigentes de los gremios de agricultores respecto a la adenda 13 paralizaron el proyecto. Asimismo, por parte de la izquierda antidesarrollo surgieron denuncias de corrupción contra los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), encargada de la obra, con el propósito de detener el proyecto, y no de hallar a los culpables de actos ilegales.
Para Elmer Cáceres, la adenda 13 es necesaria y no está en discusión. “Salvo que nos pongamos tercos y podría demorar (el proyecto) ocho años más y con pago de penalidades”, señaló la autoridad. Para los arequipeños, la firma de la adenda 13 –por su ventaja técnica y para evitar cualquier arbitraje en juzgados comerciales internacionales– resulta ineludible, y descartan un proceso de selección para hallar otro concesionario. Además, según se ha calculado, un contrato de Estado a Estado para desarrollar el proyecto –como en los Juegos Panamericanos 2019–, sería inviable porque los costos superarían el incremento de US$ 104 millones considerados en la adenda 13. En este contexto, el gobernador Cáceres ha planteado la creación de un fideicomiso por el costo de la nueva adenda, dinero que sería recuperado con la venta de los terrenos que se realizará cuando las obras del proyecto se reinicien.
Majes Siguas II es una inversión público privada de US$ 654 millones, incluida la nueva tecnología. La propuesta de llevar adelante la obra por intermedio del Minagri es la más viable. El desacuerdo surgido en el GRA, por más de dos años, obliga al retorno de la obra al Gobierno central. Con el proyecto surgirán 250,000 puestos nuevos de trabajo. Por la pandemia –que ha ocasionado la pérdida de cerca de siete millones de puestos de trabajo– Majes Siguas II es una real posibilidad de crear empleo.
No obstante todas las condiciones favorables para el bien del país, el proyecto es atacado de la misma manera como el extremismo izquierdista ataca la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360). Para el marxismo, el bienestar de la población daña sus intereses políticos. Una sociedad que reduce pobreza es una sociedad anticolectivista casi naturalmente.
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